Un análisis de la organización Azul Cobalto vincula la pérdida de agentes a jornadas agotadoras, falta de terapia y el acceso a armas sin protocolos de contención emocional.
Las corporaciones de seguridad en México enfrentan una emergencia interna que las autoridades han preferido ignorar: la auto privación de la vida de sus elementos. Según un estudio de la organización Azul Cobalto, esta crisis no es causada principalmente por el riesgo de los enfrentamientos, sino por un diseño institucional que descuida la salud mental, impone jornadas extenuantes y somete a los agentes a presiones de mandos que vulneran su integridad emocional.
El informe detalla que, entre 2019 y 2025, se registraron 112 casos de agentes que atentaron contra sí mismos. El año 2020 fue el más crítico con 30 incidentes, y aunque hubo una baja en 2024, para 2025 la cifra repuntó a 11 casos. El dato más alarmante es que en el 66% de las muertes se utilizó el arma de cargo, evidenciando la falta de filtros y protocolos de intervención ante crisis psicológicas.
Municipales, los más vulnerables
El estudio desglosa que las corporaciones más afectadas son las locales, donde la precariedad laboral es más profunda:
Policías Municipales: 47 casos.
Policías Estatales: 32 casos.
Agentes Ministeriales: 19 casos.
Guardia Nacional: 11 casos.
Paradójicamente, los estados con mayor violencia delictiva no son necesariamente los que encabezan esta lista. Lo que más pesa en el ánimo del oficial es el agotamiento crónico, el tener que procesar escenas de fosas clandestinas o feminicidios sin acompañamiento profesional, y la estigmatización social que los tilda de corruptos, factores que los llevan a un aislamiento emocional peligroso.
El impacto en el entorno familiar
La crisis trasciende las filas policiales. El reporte señala casos de «homicidio seguido de auto privación de la vida», donde el estrés acumulado derivó en tragedias familiares: nueve agentes asesinaron a sus parejas y tres a sus propios hijos antes de terminar con su existencia.
Chihuahua lidera las estadísticas nacionales con 18 casos, seguido de Veracruz y el Estado de México. Para los expertos, mientras las instituciones no garanticen el derecho al descanso y a la atención psicológica especializada, el arma de cargo seguirá siendo un factor de riesgo para quienes juraron proteger a la ciudadanía.
Fuente: Estudio Azul Cobalto / Registro Nacional de Incidentes | © Redacción NoticiasPV Nayarit