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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de diez días hábiles al Congreso de la Unión para que informe en qué etapa del proceso legislativo se encuentran a fin de emitir la Ley General de Aguas; además, de remitir un cronograma en el que se advierta el plan del trabajo legislativo específico para dar cumplimiento a esta sentencia y los plazos estimados para el desarrollo de cada etapa.
Lo anterior luego de que desde 2022 la Corte urgió al Congreso a emitir esa legislación, aunque desde 2012 las cámaras de Diputados y Senadores han sido omisos en emitir la Ley de Aguas Nacionales.
La Corte no concedió la prórroga solicitada por el Congreso, derivado de las que se tenías emitidas en 14 controversias constitucionales promovidas por municipios de Chihuahua.
A través de las listas de notificación, la Corte informó su determinación para negar “la prórroga solicitada por el Congreso de la Unión sobre el plazo de cumplimiento de una sentencia de enero de 2022 donde se ordena expedir la Ley General de Aguas”, lo anterior al dar una resolución respecto de catorce controversias constitucionales”.
En los acuerdos, el máximo tribunal precisó que “ambas Cámaras se encuentran en incumplimiento de la ejecutoria de mérito, al ya haber transcurrido en exceso el plazo otorgado en la sentencia”.
Además, señala el acuerdo, se informa que desde 2022, se efectuaron requerimientos a efecto de que informaran sobre las gestiones y actividades que hubiesen llevado a cabo para lograr el cumplimiento de esta decisión jurídica.
“Al respecto, no ha lugar a otorgar la prórroga solicitada, pues además de que ambas Cámaras se encuentran en incumplimiento de la ejecutoria de mérito, al ya haber transcurrido en exceso el plazo otorgado en la sentencia, lo cierto es que la suscrita no cuenta con facultades para modificar la ejecutoria dictada por el Pleno de este Máximo Tribunal”, señala el acuerdo firmado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN.
Por esa razón la Corte requirió nuevamente al Congreso de la Unión “para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de estos Acuerdos, informen en qué etapa del proceso legislativo se encuentran a fin de emitir la Ley General de Aguas”.
Las controversias constitucionales a que se refiere este acuerdo fueron promovidas por los municipios de Cusihuiriachi, Chínipas; Aquiles Serdán, Maguaruchi, Manuel Benavides, Guadalupe y Calvo, Balleza, Huejotlán, Buenaventura, Namiquipa, Ojinaga, Riva Palacio, Ocampo y Matachi.