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San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que “integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército Mexicano, realizaron actos de espionaje” durante el encuentro de defensoras del territorio denominado Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos, efectuado el pasado 23 de marzo, en la comunidad Lázaro Cárdenas, municipio de Chicomuselo.
“Frayba documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (Codimuj), de la parroquia de San Pedro y San Pablo”, agregó en un comunicado.
Dijo que “lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo”.
Manifestó que de acuerdo con una denuncia pública realizada por el Comité para la Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, con sede en Chicomuselo, “Victorino Morales Morales resultó ser soldado de infantería perteneciente al 101 Batallón destacamento en Chicomuselo, acreditado con la tarjeta de identidad militar número 101BI/024, expedida por el Coronel de Infantería Juan Reyes Gregorio, comandante de la Secretaria de la Defensa Nacional”.
Expresó que “algunos participantes a este evento identificaron a Alejandro Yera Reyes como uno de militares que llegaron en búsqueda del sacerdote (Eleazar Juárez Flores) a la casa parroquial, el 5 de noviembre de 2018, y de igual manera refieren que esta misma persona se presenta algunos domingos en las misas de 10 horas que se lleva a cabo en el templo de San Pedro y San Pablo de la cabecera parroquial”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López señaló que “desde el 30 de enero de 2019, las Brigadas Civiles de Observación mantienen presencia en Chicomuselo con el objetivo de monitorear violaciones de derechos humanos ante el aumento de la militarización de la región”.
En este lapso, abundó, “el Frayba ha registrado distintos actos de intimidación y hostigamiento en contra de defensoras y defensores de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, quienes se organizan en defensa de la madre tierra ante la reactivación de proyectos mineros en la región”.
Afirmó que “el espionaje militar a defensoras es de especial preocupación por el riesgo que ellas enfrentan en un contexto de creciente criminalización y militarización en México”, pues “tal y como lo expresó Michel Forst, durante su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: ‘En el clima político actual, en el que hay una reacción violenta contra los derechos humanos, las mujeres que defienden y promueven los derechos son a menudo las primeras en ser atacadas’”.
Finalmente, recordó al Estado mexicano “su compromiso por proteger la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores de derechos humanos”, por lo que urgió a la Secretaría de Defensa Nacional a que “cese los actos ilegales de espionaje, intimidación y hostigamiento a defensoras y defensores en el municipio de Chicomuselo”.
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