Documentos y reportes periodísticos de Proceso detallan que el magistrado Ricardo León Caraveo recurrió a la Fiscalía General de la República tras detectar irregularidades y fallos simulados en la Sala Regional de Jalisco.
El magistrado de la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Ricardo León Caraveo, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que expone la operación de una presunta red de corrupción al interior del organismo jurisdiccional. De acuerdo con la información recabada y documentada por el medio Proceso, el funcionario judicial afirma ser víctima de persecución laboral y administrativa tras haber señalado diversas anomalías durante su paso por la Tercera Sala Regional de Occidente, con sede en Jalisco.
Designado al cargo en 2024 bajo la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador —con antecedentes profesionales vinculados al gabinete del exgobernador tabasqueño Adán Augusto López—, León Caraveo asumió funciones en Jalisco tras rechazar una adscripción inicial en Hidalgo. Según los expedientes dados a conocer por Proceso, a su llegada al estado occidental detectó la supuesta falsificación de más de un centenar de sentencias en contra de la hacienda pública federal, casos que involucraban principalmente a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS y el ISSSTE.
Puntos clave de la denuncia, las indagatorias ministeriales y la controversia institucional en torno al caso:
– Hallazgos en Jalisco: El magistrado notificó en mayo de 2025 a la Junta de Gobierno y Administración sobre la emisión de fallos sin el quórum legal requerido y con firmas de integrantes cuyos periodos ya habían concluido.
– Reubicación y conflictos: Ante sus insistentes solicitudes de investigación interna, León Caraveo fue readscrito a la Sala Regional de Tabasco, medida que calificó como una represalia y un acto de acoso laboral.
– Incidente con escoltas: Su traslado generó tensiones operativas en Villahermosa tras el ingreso de personal armado asignado a su protección, lo que motivó la suspensión temporal de labores y una investigación de la Junta de Gobierno.
– Revocación de medidas: Aunque la FGR le otorgó protección inicial, la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) determinó retirar los escoltas al estimar que no existía un riesgo inminente para su seguridad en territorio tabasqueño.
Las investigaciones ministeriales continúan abiertas para deslindar responsabilidades sobre las presuntas irregularidades jurisdiccionales denunciadas, mientras el caso mantiene el escrutinio sobre los procedimientos internos de los tribunales administrativos del país.
Fuente: Fiscalía General de la República (FGR) | © Redacción NoticiasPV Nayarit

