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Desaparición de menores va en aumento, regulan que su búsqueda sea inmediata en todo el país

Desde 2016 la desaprición de menores ha aumentado, según cifras oficiales hay 14,830 niñas, niños y adolescentes desaparecidos

infobae.com

Este jueves, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprobó un protocolo homologado para todos los estados que busca hacer más eficiente y eficaz la búsqueda de menores desaparecidos.

En ningún momento pueden argumentar que se debe esperar el transcurso de un tiempo determinado, cualquiera que éste sea”, subraya.

Los niños, niñas y adolescentes desaparecidos son particularmente vulnerables a ser víctimas de delitos y violaciones de Derechos Humanos, como: sustitución de identidad, trata de personas, esclavitud sexual, reclutamiento forzoso, adopción ilegal, homicidio, feminicidio, entre otros.

Cada caso agrega, debe ser incluido sin demora en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y notificado a la comisión local de búsqueda.

El Protocolo publicado permite coordinar y establecer una base regular y homogénea en México para la búsqueda de los menores.

Desde 2016 la desaparición de menores ha aumentado, según cifras oficiales hay 14,830 niñas, niños y adolescentes desaparecidos”, retuiteó en su cuenta de Twitter, Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México

La mayoría de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes ocurrieron a partir de 2006 y han ido en aumento. 2017 y 2020 son los años con registros más altos.

“Por eso cuando una niña, niño o adolescente desaparece, desde el primer momento debe presumirse la comisión de un delito en su contra. Esto significa que la búsqueda inmediata debe generar simultáneamente una investigación para garantizarles la máxima protección”, explicó el Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja para que se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de las personas víctimas de la violencia.

(Foto: Pixabay)

Actualmente 8,118 (55.1%) son niñas y adolescentes desaparecidas, la mayoría (6,319) tiene entre 12 y 17 años de edad.

Además, desde 2007 hasta el 28 de febrero de este año, se tienen registros de 60,111 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas cuando tenían entre 0 y 17 años.

“Niñas, niños y adolescentes representan el 16.4% del total de personas desaparecidas”, precisa la publicación.

La Segob indicó que pese a la existencia de otros protocolos de búsqueda como la Alerta Amber y el Protocolo Alba, “emergen grandes retos relacionados a su aplicación, desde la capacidad real de búsqueda, hasta la falta de homologación del Protocolo Alba en todos los Estados”, por lo que es indispensable desarrollar una herramienta que permita coordinar y establecer una base homogénea respecto a la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México.

Grupos de la sociedad civil y estudiantiles protestaron en contra de los abusos infantiles cometidos en albergues. EFE/Carlos Lemos

El Protocolo Adicional incorpora necesidades expresadas tanto por las autoridades buscadoras, de acuerdo con la ley, como por las familias, al enfrentarse a la dura situación de una desaparición, e incluye los enfoques de derechos humanos y pedagogía con los más altos estándares internacionales en cuanto al reconocimiento y protección de las niñas, niños y adolescentes”, se lee en el documento.

“Es importante recordar que la profunda crisis de Derechos Humanos a la que se enfrenta el país, ha impactado negativamente en la vida, la integridad y desarrollo de los casi 40 millones de niñas, niños ya adolescentes mexicanos, impidiendo asegurar la protección de sus derechos debido al contexto de violencia que se vive, acrecentado por las estrategias de militarización fortalecidas por la actual administración, mismas que han invisibilizado a la infancia; rehusándose a desarrollar una estrategia integral de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia armada y sus efectos negativos”, había denunciado en 2020 Juan Martín Pérez García, director del Red por los Derechos de la Infancia en México.

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