Pone en jaque a la soberanía la entrega de Rocha Moya a EE. UU.

Especialistas advierten que la exigencia de pruebas sólidas frente a las presiones de Washington mide la autonomía del sistema judicial mexicano.

La detención del capo Ismael «El Mayo» Zambada y la solicitud de captura con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, colocan la relación bilateral entre México y los Estados Unidos en un punto de alta fricción. El conflicto escaló de las estrategias de seguridad a un intenso debate sobre la soberanía nacional, la confianza institucional y los alcances de la cooperación judicial. Mientras la postura del Gobierno de México se concentra en exigir expedientes robustos antes de proceder penalmente, amplios sectores perciben las dilaciones como un presunto blindaje político hacia el exmandatario sinaloense en medio de la crisis delictiva que golpea a la entidad.

Análisis jurídicos de la Universidad Iberoamericana (UIA) apuntan que, conforme al marco legal internacional, la presunción de inocencia exige que todo requerimiento de extradición se sustente en evidencias físicas irrevocables y no en meros testimonios de oídas. No obstante, la presión ejercida desde Washington responde también a coyunturas de política interna y discursos electorales restrictivos que buscan endurecer el combate transfronterizo a los carteles de la droga. El impacto de estas disputas amenaza con desbordar los tribunales y trasladarse a los sectores comerciales estratégicos rumbo a las próximas mesas de revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Académicos y especialistas en materia de seguridad nacional coinciden en que la mejor vía para repeler las injerencias de agencias extranjeras es el fortalecimiento inmediato de las fiscalías locales. De existir los elementos probatorios para enjuiciar a cualquier servidor público de alto rango, los procesos penales deben ejecutarse íntegramente en suelo patrio bajo las reglas del debido proceso. La resolución del expediente de Rocha Moya servirá como referente histórico para evaluar la capacidad real del Estado de derecho mexicano para resolver casos de alto impacto con total autonomía y reciprocidad diplomática.

Fuente: UIA / SRE | ©️ Redacción NoticiasPV Nayarit

                                                         
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