La CEPAL reporta una grave crisis en Latinoamérica. el resto del mundo padece un grave retroceso sobre los DDHH de ellas
heraldodemexico.com.mx
Cada dos horas una mujer es asesinada en América Latina, en 2022 al menos 4, 050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países de la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
Sin embargo, el retroceso en los derechos de las mujeres se extiende en todo el mundo, y pese a la mayor conciencia pública, reformas legales que buscan prevenir feminicidios u otras agresiones no terminan de aplicarse en la vida real.
En naciones como Nicaragua, Cuba y Venezuela los gobiernos no publican cifras oficiales sobre los feminicidios.
Esta situación obliga a que las leyes de DDHH se apliquen de forma selectiva y, por lo tanto, debilita a las instituciones y organizaciones civiles. En Afganistán, los derechos de las mujeres siguen siendo violentados por los talibanes (quienes retomaron el poder en 2021), ahora las jóvenes y niñas están limitadas a estudiar, trabajar o vestirse femeninas.
Actualmente, los conflictos armados en Israel y Ucrania también han dejado devastadores efectos para las mujeres; tan sólo en Gaza cerca de 9,000 mujeres han muerto a manos de las fuerzas israelíes, se estima que mueren 37 madres cada día, según la ONU.
En Ucrania, las previsiones para este año son sombrías, ya que mujeres y niñas representan 56% de las personas que se espera que necesiten ayuda humanitaria (8 millones).
En países como Estados Unidos y algunos de Centroamérica, el retroceso es evidente, especialmente con relación a los derechos reproductivos y a la censura educativa, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW,2024).
En EU, luego de que se derrogó el derecho al aborto, en 2022, muchas mujeres han sido afectadas, hasta el pasado 15 de septiembre, 22 estados prohibieron esa práctica y 14 entidades promulgaron leyes que criminalizan a los proveedores de atención médica que realizan estos procedimientos.
HRW asegura que la prohibición del aborto en El Salvador afecta más a mujeres pobres, pues reciben sentencias de hasta 50 años de prisión por emergencias obstétricas.