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La propietaria y directora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, fue vinculada ayer a proceso por el delito de homicidio culposo de 26 personas que murieron al derrumbarse uno de los edificios del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
En la ampliación del término constitucional, la juez de control Esperanza Medrano Ortiz mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra desde el sábado pasado.
La impartidora de justicia fijó, asimismo, tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, en la que las partes involucradas podrán presentar pruebas.
Para los familiares de las víctimas el fallo resultó satisfactorio, señaló el abogado Francisco Riquelme, quien consideró que un acuerdo reparatorio procesalmente es viable, pero falta que se proponga.
Hasta el momento no se ha considerado, pero “lo vamos a platicar con nuestros representados –los familiares de 12 niños y cuatro adultos–, pues es posible ir por una alternativa que busque un tema de justicia restaurativa, aunque las familias no están enfocadas en un tema patrimonial”, precisó.
Su dolor, explicó a la salida de la audiencia, es por sus hijos, no por una cuestión económica, por lo cual no necesariamente preferirían que García Villegas estuviera en prisión; están entendiendo el procedimiento penal y las consecuencias de ello. No es la justicia de venganza lo que buscan
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Comentó que la ley prevé montos máximos de indemnización, pero no necesariamente tienen que ser aceptados por las víctimas, pues es posible un acuerdo distinto, libre entre las partes, aunque ninguno de los padres ha dicho hay que seguir por esta vía, pues lo que quieren es justicia
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Los procedimientos administrativos que dan pauta a identificar irregularidades en la construcción de un cuarto nivel en el edificio que colapsó, así como los documentos de oficinas públicas y correos electrónicos respecto de esta obra pesaron en la decisión de la juez, consideró.
En la continuación de la audiencia de formulación de imputación contra la directora del colegio, que se prolongó alrededor de seis horas, la defensa no aportó nueva información o pruebas, señaló Víctor Olea.
El abogado afirmó que el Ministerio Público presentó pruebas sólidas y contundentes
para vincular a proceso a la imputada y mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar su evasión de la justicia.
La defensa, el Ministerio Público y los abogados de las víctimas se enfrascaron más de cuatro horas en un debate por la construcción de un cuarto piso de 90 metros cuadrados y una marquesina de 61 metros que colapsó al no soportar un peso de alrededor de 120 toneladas.
Este sábado se determinará si se le vincula a proceso por el delito de responsabilidad de directores de obra en su modalidad de propietario, al permitir esa construcción fuera de la reglamentación y que posiblemente tenía conocimiento de que no se podía llevar a cabo.