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El pasado fin de semana el periodista Carlos Loret de Mola informó en su portal Latinus que el grupo de hackers, llamado Guacamaya, había vulnerado los sistemas cibernéticos de la secretaria de la Defensa Nacional, y sustrajo seis terabytes de información.
Entre los datos inicialmente divulgados por Loret de Mola estuvo el relacionado con la salud del presidente López Obrador del que dijo que además de sus padecimientos públicamente conocidos, lo afectan otros de igual o mayor gravedad, asunto que debería conocerse por ser tema de seguridad nacional. El presidente reconoció la veracidad de la información y apegado a su estilo, minimizo el dato.
El grupo Guacamaya puso a disposición de periodistas e investigadores la información que obtuvo de los sistemas de la secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). Es previsible que, los escándalos sobre el gobierno de López Obrador serán “administrados”, por medios e investigadores, en los meses por venir y los peores podrían ser reservados para los tiempos electorales.
En diferentes momentos el presidente ha dicho que su gobierno no espía a sus adversarios, empresarios y periodistas. Según las fuentes que conocen la información sustraída por el grupo Guacamaya, los seis terabytes están fechados desde 2016 hasta septiembre de 2022, siete años en los que, posiblemente, el propio López Obrador pasó de ser espiado a ser espía.
Inmediatamente después del hackeo de Guacamaya al sistema de información de la Sedena, se publicaron algunos hallazgos de la investigación periodística que llevaron a cabo conjuntamente la revista Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Animal Político y Aristegui Noticias.
La investigación comprueba que la Sedena realiza espionaje a periodistas e investigadores que indagan sobre la violación a los derechos humanos, por medio del sistema Pegasus, utilizado en 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, para realizar espionaje en contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, sin que hasta el momento la FGR haya encontrado a los responsables.
Implica que el gobierno de López Obrador continúa con el espionaje, utilizando el sistema Pegasus, que la empresa Comercializadora Antsua, dueña del software, vendió a la Sedena en 2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información” útil para intervenir teléfonos celulares.
Según la investigación periodística, en 2019, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para “monitorear” sus llamadas y mensajes, un periodista de Animal Político, Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas y Ricardo Raphael, periodista y escritor. “En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.”
El espía accedió a todo el contenido de los teléfonos: “contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También pudo activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.” (Animal Político, 2 de octubre de 2022)
Durante su conferencia de prensa mañanera del 4 de octubre, López Obrador negó que su gobierno o el ejército hayan espiado a periodistas y defensores de derechos humanos con el sistema Pegasus, como reveló la investigación periodística.
“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos”.
Aceptó que la Sedena tiene medios para intervenir comunicaciones y realizar labores de inteligencia contra la delincuencia organizada, no para espiar opositores. “Tienen labores de inteligencia; no de espionaje, es distinto. Si hay algo que consideren ilegal y tienen pruebas, preséntenlas con las autoridades competentes. Estoy hablando con la verdad. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva”.
Según López Obrador su gobierno ya no espía a sus adversarios, aunque los datos revelados en estos días y los que podrían venir después, dicen lo contrario. Lo único que ofrece para desmentir la evidencia documental de Guacamaya y la investigación periodística sobre Pegasus, es su afirmación de que dice la verdad. Cómo creer a quien por años ha dicho miles de mentiras.
En la misma conferencia la reportera de Animal Político le preguntó varias veces si él sabía de la compra de ese software por parte de la Sedena y el presidente nunca negó categóricamente que no supiera de eso. Pero tampoco lo afirmó tajantamente. En cambio, intentó justificar el hecho demeritando a los espiados y, para variar, poniéndose como víctima, diciendo que todos esos datos sobre espionaje los usaban sus adversarios en contra suya.
Que Las Fuerzas Armadas espíen a periodistas y activistas es algo que AMLO no puede aceptar, incluso con pruebas, porque eso significaría que el Ejército no le pregunta ni le avisa sobre ciertas cosas, siendo el su jefe supremo.
El sustento de su gobierno está en las dádivas que entrega a los millones de pobres en México y en el ejército y la armada que, a cambio de altos presupuestos y posiciones que colman las ambiciones de poder de los altos mandos, le son leales a él y no a la Patria, porque si lo fueran no habrían aceptado violar la Constitución como han hecho al aceptar las funciones reservadas a los civiles.
Podemos esperar hasta el infinito. La FGR tiene una carpeta de investigación, desde 2017, sobre el espionaje de Pegasus, en el más frio de sus congeladores. No se confundan. Es lo mismo inteligencia y espionaje. Y la Sedena es parte del gobierno de la 4T. Que AMLO lo sepa es malo. Pero si no lo sabe es peor.