La Reina del Pacífico comenzó un proceso administrativo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) para exigir a ambos consorcios del entretenimiento el 40% de las ganancias que les ha dejado la serie protagonizada por la actriz Kate del Castillo
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Parece ser que Netflix y Telemundo no se han quedado con los brazos cruzados después de que Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, comenzara un proceso administrativo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) en contra de ambos consorcios de entretenimiento por el presunto uso indebido de su imagen en la serie La Reina del Sur.
Y es que de acuerdo con Ávila Beltrán, el personaje principal de dicho proyecto -Teresa Mendoza, la cual es interpretada por Kate del Castillo- tiene cierto parecido con ella que, a su parecer, no es ninguna coincidencia. Por ello, acusó a ambas compañías de haber utilizado con dolo su imagen para generar millonarias ganancias de las cuales ahora su defensa pide el 40%.
No obstante, recientemente trascendió que ni Netflix ni Telemundo planean darle un solo peso a la Reina del Pacífico de la millonaria ganancia que han obtenido por una de las narcoseries más exitosas de los últimos años, motivo por el cual han unido fuerzas para apelar el procedimiento que comenzó Sandra Ávila Beltrán.
Cabe mencionar que dicha información, confirmada y obtenida por Milenio, constata que tanto Netflix como Telemundo han buscando por todos los medios posibles cuidar el exitoso proyecto que catapultó la carrera artística de Kate del Castillo y que ha recibido gran aprobación no solo entre el público mexicano sino también en Latinoamérica.
Por ello, Milenio aseguró que ambos consorcios del entretenimiento contrataron a uno de 10 despachos de abogados más importantes e influyentes de México: Basham, Ringe y Correa.
Sin escatimar gastos, Netflix y Telemundo han argumentado que la acusación de Sandra Ávila Beltrán carece de sustento jurídico y, para demostrarlo, la distinguida firma asignó a 10 abogados y 13 pasantes para llevar el proceso.
En el procedimiento IMC 150/2022, el cual fue recuperado por Milenio, se puede leer que Sandra Ávila Beltrán argumenta que tanto Telemundo como Netflix actuaron de forma dolosa con la producción y distribución de La Reina del Sur para desprestigiarla.
Al respecto, los abogados de ambos consorcios del entretenimiento pidieron al IMPI desechar de forma inmediata la petición de Sandra Ávila Beltrán bajo el argumento de que la Reina del Pacífico es una persona pública y notoria, que no tiene derecho sobre su imagen y que, por ende, no puede reclamar algo de lo que carece. Del mismo modo, pidieron que La Reina del Sur sea vista como un ejemplo de “ejercicio periodístico”.
“Hay un interés público en hablar sobre una persona que es acusada de un delito que provoca grave violencia e incontables víctimas en nuestro país, a saber el narcotráfico, y sobre el desenlace que tuvo el procedimiento judicial respectivo. Hablar de ello no es una invasión a la privacidad de la actora ni un ‘morbo’, es una cuestión de interés público hablar sobre impartición de justicia, como se expresa en el criterio que acabo de transcribir”, se lee en uno de los documentos presentados ante el IMPI obtenido por Milenio.
En entrevista con Milenio Televisión, Israel Razo Reyes, abogado de Sandra Ávila Beltrán declaró que el procedimiento que se inició en contra de Netflix y Telemundo tiene como finalidad también marcar un precedente ya que, por años, la industria del entretenimiento se ha valido de historias del narcotráfico para crear contenido en la última década.
En su respuesta, ambos consorcios del entretenimiento coincidieron en que producir series inspiradas en el narcotráfico es un ejercicio de libertad de expresión estipulado en el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Por su parte, en la respuesta de Telemundo se abordó el derecho que tiene una persona sobre su imagen conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor, misma que fue evocada por la defensa de Sandra Ávila Beltrán sin considerar que dicha legislación también establece que “es menor la protección a la privacidad de una persona cuando parte de sucesos que revisten interés público para la sociedad”.