*Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presidente Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entre 2012 y 2013, de acuerdo con El País, los documentos de la Banca Privada d’Andorra señalan que la operación está registrada con el nombre “Solicitud de apertura de Cuentas de PEP”…
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Durante varios años, el embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó 1.2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), cuyos directivos fueron procesados por corrupción.
Quien fuera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entre 2012 y 2013 cobró los recursos a partir de un trabajo que realizó con el despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide.
De acuerdo con una investigación del periódico español El País, los documentos de la BPA –que fue intervenida en 2015 tras una denuncia de Estados Unidos sobre el uso de la institución por parte de cárteles de droga mexicanos y de compañías como la brasileña Odebrecht para blanquear capitales–, señalan que la operación está registrada con el nombre “Solicitud de apertura de Cuentas de PEP”, es decir, personas políticamente expuestas, término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos.
Detalla que Pedro Raymundo Salinas Arrambide, socio administrador de Salinas Arrambide y Asociados, “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3.000.000 USD”.
Al respecto, precisa que el cobro pretende hacerlo en dos transferencias a dos cuentas: una a nombre del propio Salinas Arrambide, por el importe de 1.8 millones de dólares y otra para Francisco Agustín Arroyo Vieyra, por el monto de 1.2 millones de dólares.
“Según el Sr. Salinas, el Sr. Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el acta constitutiva. El problema es que el Sr. Salinas (se equivoca el redactor de nombre) es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, 2 hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”, detalla el expediente de la BPA al que tuvo acceso el diario español.
El rotativo refiere dos conversaciones telefónicas con Arroyo Vieyra, quien en primera instancia aseguró que era socio del despacho de Salinas Arrambide, lo cual fue negado por el abogado, y la segunda en la que precisó que ambos trabajaron como asociados y litigaron juntos diversos casos.
“Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”, explicó el diplomático, quien argumentó que “no puedo revelar los nombres de los clientes ni de qué se trata por secreto profesional”.
El embajador, perteneciente a las filas del PRI, reconoció a El País que un promotor de la BPA “nos embaucó en este asunto. Era lícito, pero fue un error. No lo volvería a hacer, se lo aseguro”.