*Al menos tres muertos, entre ellos un menor de edad, y dos heridos, entre ellos una mujer
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CHILPANCINGO, Gro. (proceso).- Al menos tres muertos, entre ellos un menor de edad, y dos heridos, entre ellos una mujer, fue el saldo de una emboscada realizada por una gavilla contra integrantes del grupo de autodefensa denominado Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en el municipio de Juan R. Escudero, región centro de la entidad.
El ataque contra los guardias comunitarios se registró a las 23:00 horas de ayer sobre un tramo de terracería que conecta los poblados de Omitlán y La Palma, donde los atacantes atravesaron un camión para bloquear el camino y sorprender con metralla a las víctimas que se desplazaban a bordo de una camioneta, indican reportes oficiales.
Las víctimas fueron identificadas como el comandante del FUSDEG, Saúl Deloya Nava, de 58 años; el menor de edad Javier, de 16, así como el conductor del camión que fue asesando por el grupo agresor cuando lo despojaron de la unidad para obstruir el camino, refieren los informes.
Este hecho se registra en una franja de los municipios de Juan R. Escudero y Chilpancingo, donde los grupos de autodefensa del FUSDEG y la UPOEG mantienen una confrontación por este importante corredor de drogas que ha dejado una estela de muerte y terror.
Los líderes de ambas organizaciones armadas que operan en la región centro de la entidad, se han acusado mutuamente de tener nexos con el narco y señalan como cómplices de la barbarie al gobierno de Héctor Astudillo Flores.
En junio pasado, Proceso dio a conocer que el gobernador Astudillo envió en abril una iniciativa de decreto al Congreso local con el propósito de reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.
De esta manera, el mandatario pretende inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y la Montaña.
De esta forma, el mandatario pretende inhibir la acción de las guardias comunitarias que se han expandido en la mayoría del territorio ante la ausencia de autoridad en esta entidad colapsada por la narcoviolencia y corrupción gubernamental.