Blanca Thalía Fernández acusó públicamente a un magistrado federal por agresiones sexuales, laborales y psicológicas; la afectada criticó que el Tribunal Disciplinario Judicial ordenó regresarla al mismo entorno de trabajo donde opera su agresor.
Las fallas en las salvaguardas de género dentro de los órganos encargados de impartir justicia detonaron movilizaciones civiles e institucionales en el norte del país. Blanca Thalía Fernández, empleada en activo del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la adscripción de Mexicali, Baja California, solicitó formalmente la intervención de las altas autoridades de la judicatura para revisar las carpetas de investigación promovidas en contra de su superior jerárquico, un magistrado federal a quien acusa de incurrir en conductas sistemáticas de acoso sexual, laboral y psicológico.
De acuerdo con las declaraciones de la afectada, los eventos delictivos y de hostigamiento se desarrollaron de manera continua entre los años 2023 y 2025. El pliego de reclamos detalla que el funcionario judicial recurría a conductas de índole física y digital no consentidas, valiéndose de un discurso de inmunidad institucional basado en la influencia de sus antecedentes familiares en el ramo legal para amedrentar a la víctima y disuadirla de emprender acciones de carácter penal o administrativo ante los comités de disciplina internos.
La controversia escaló al plano público tras una protesta pacífica efectuada a las afueras de la sede del PJF en Mexicali, donde la denunciante recibió el respaldo de decenas de compañeras de la corporación. Las manifestantes exhibieron consignas en contra de la revictimización en los recintos jurídicos y exigieron auditorías a los criterios de la Unidad de Violencia de dicho Órgano, el cual determinó como medida cautelar el retorno de la trabajadora a su anterior puesto operativo, colocándola en una situación de vulnerabilidad ante la red de apoyo del presunto agresor.
La víctima manifestó que actualmente se encuentra sin la percepción de sus ingresos salariales y en un estado de desprotección jurídica que agrava los padecimientos de ansiedad detonados por el entorno hostil. Ante este Panorama, exhortó al nuevo Tribunal Disciplinario Judicial a rectificar las determinaciones logísticas del caso para garantizar un proceso apegado a la perspectiva de género y la suspensión temporal de los mandos señalados mientras concluyen los peritajes psicológicos y documentales de las dependencias anticorrupción.
Fuente: Poder Judicial de la Federación en Mexicali | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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