En una nueva investigación de la organización civil se expusieron los beneficios que empresarios de distintas naciones de América Latina obtuvieron de contratos millonarios para proveer recursos que ayudaran a mitigar y controlar la emergencia sanitaria
infobae.com
Con el avance de las campañas de vacunación contra la COVID-19, poco a poco la pandemia ha ido cediendo y permitiendo que millones de personas alrededor del mundo regresen a sus actividades de forma presencial y como solían realizarlas antes de la llegada del virus Sars-CoV-2.
No obstante, durante los puntos más álgidos de la pandemia los gobiernos de distintos países tuvieron que encontrar la forma de destinar presupuesto para la compra de equipo que ayudara tanto a prevenir los contagios como para atender a las personas que desafortunadamente se enfermaron, no obstante y como es costumbre al menos en México, dicho manejo de recursos públicos estuvo lleno de opacidades e inconsistencias.
Al menos así lo señala la nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) quienes a través de una meticulosa revisión de contratos expusieron que en el país azteca el Ministerio de la Defensa adquirió ventiladores para enfrentar la crisis sanitaria a una empresa que ya es investigada por presunto lavado de dinero, la cual vendió cada equipo de origen “español – chino” a más del doble del valor declarado ante la Administración General de Aduanas al momento de la importación.
Ventiladores con sobrecostos
De acuerdo con la información recién publicada por la asociación civil, la empresa denominada como Gestión de Riesgos de Desastres S.A de C.V tiene entre sus accionistas principales al excongresista José María Tapia Franco, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el responsable de gestionar recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) área que en aquel entonces estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) cuyo titular era Miguel Ángel Osorio Chong.
Tras tener acceso al contrato celebrado entre ambas partes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constató que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó la compra para ayudar a cubrir la capacidad del Sistema Nacional de Salud frente a la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus y pagó cada equipo proveniente de China y España al equivalente a 822 mil pesos, mientras que la empresa declaró en Aduanas al momento de la importación que el costo fue de alrededor de 400 mil pesos.
Adicionalmente la organización civil destacó que al consultar una fuente descubrieron que cada equipo había sido cotizado por el fabricante en unos 368 mil pesos.
En el mencionado contrato, según lo expuesto en la investigación de MCCI, se detalló también que la Sedena adelantó el 50% del valor a la empresa y que la compañía debía realizar una capacitación técnica no menor a seis meses de práctica y tres de teoría al personal de los hospitales que recibirían los ventiladores.
Omisiones en el pago de impuestos
Destacó también que cuando la compañía realizó la importación de algunos ventiladores en 2020, se reportó a las autoridades de Aduanas que el proceso sería temporal, por lo que se omitió el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Al percatarse de que la importación no era temporal, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) envió requerimientos a la empresa para exigirle el pago del IVA correspondiente.
De acuerdo con un documento de la Aduana del Aeropuerto Internacional de México que consultado por MCCI, en dichos exhortos quedó en evidencia que el valor declarado en Aduanas fue de alrededor de 400 mil pesos, la mitad del precio al que le fueron vendidos al Ministerio de la Defensa de México.
Del mismo modo, tras realizar una meticulosa revisión al contrato se descubrió que la compañía Gestión de Riesgos y Desastres S.A de C.V incumplió con los plazos de entrega de los equipos, por lo que la Sedena le impuso una multa por 61 millones de pesos.
Ante dicha situación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una revisión a las transacciones de la mencionada compañía y ya para el 20 de noviembre 2020 trascendió que se presentó una denuncia por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Contrato por “dedazo” consultado por MCCI
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se remonta al inicio de la pandemia pues en marzo de 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asignó con carácter de urgencia un contrato por mil 350 millones de pesos a Gestión de Riesgos de Desastres S.A de C.V.
En aquel entonces, señalaron, la empresa tenía poco más de un año de haberse creado pues fue fundada el 19 de diciembre de 2018.
Adicionalmente destacaron que el contrato fue realizado “a dedo”, es decir, la contratación fue directa, sin licitación o concurso y se formalizó el 30 de marzo de 2020 para la adquisición de mil 330 ventiladores para atender a pacientes contagiados de coronavirus.
De esos mil 330 ventiladores modelo “MYE005SDVG70″, 600 son de origen suizo y 730 fueron adquiridos en China a la empresa AEONMED; los de origen chino fueron vendidos a Sedena a un precio aproximado de 822 mil 900 pesos.
No obstante, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consultó una factura de la compañía AEONMED en donde descubrieron que el fabricante chino cotizó en 368 mil pesos cada ventilador, lo que supone un sobrecosto del 123% en comparación con los 822 mil pesos que pagó Sedena por cada equipo.
Del mismo modo, la organización civil realizó dos requerimientos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los que confirmaron que la empresa vendió los equipos a Sedena a más del doble del valor declarado en Aduanas.
Y es que, tras percatarse que la importación de los ventiladores no era temporal, la autoridad fiscal pidió a la empresa que pagara el impuesto IVA omitido.
Fue en dicho documento en el que se confirmó que los ventiladores a los cuales el SAT refirió son identificados con el model “VG70″ el cual coincide con la descripción de los ventiladores de origen chino importados.
Finalmente, el SAT reclamó el IVA por importación definitiva equivalente a 64 mil 851 pesos por equipo, lo que representa el 16% del valor unitario.
El empresario y exfuncionario beneficiado
José María Tapia Franco, exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, es dueño de la mitad de las acciones y socio mayoritario de la empresa que se benefició con la tragedia de la pandemia de acuerdo al acta constitutiva de la compañía consultada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El exfuncionario fue director general para la gestión de riesgos en la Coordinación de Protección Civil en México entre 2013 y 2016 y entre las funciones principales que tenía a su cargo estaba tramitar los recursos del fondo de Desastres Naturales (Fonden) el cual está destinado a auxiliar a estados afectados por huracanes, sismos o sequías.
Durante el tiempo de funciones de Tapia Franco en dicha área, el Fonden tuvo un presupuesto promedio anual de 7 mil millones de pesos por lo que, a su llegada a la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador acusó un negocio millonario en dicha área en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aunado a ello, la investigación de la organización civil mencionó que durante los cuatro años que José María Tapia Franco encabezó Fonden, la Auditoría Superior de la Federación documentó constantes desvíos o malos manejos por cientos de millones de pesos.
Tras dejar su cargo en el Fonden en 2018, Tapia Franco ocupó la Secretaría de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y un año más tarde se convirtió en senador.
No obstante, en febrero de 2018, José María Tapia fue nombrado por el excandidato a la presidencia, José Antonio Meade, como su coordinador de campaña en la Ciudad de México.