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Ciudad de México. En el país es una práctica generalizada de fiscalías y policías estatales investigar feminicidios con un sesgo que tiende a culpar a las víctimas. Muestra de ello es el caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quemada viva en Zapopan, Jalisco, dijo Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.
Agrupaciones civiles, incluida Yo Cuido México, a la que pertenecía Luz Raquel, expresaron en una carta abierta dirigida al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, que escucharon con perplejidad su versión de que Luz se inmoló y no que su muerte se debió a una agresión, pues hay informes que muestran que, además de quemada, fue golpeada.
Edith Olivares sostuvo que la tendencia a culpar a las víctimas viene de por lo menos hace 30 años, con los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde a las mujeres asesinadas se les responsabilizaba por salir “a deshoras” a trabajar en las maquilas.
Subrayó que muchas de las normas y los conocimientos que se tienen sobre cómo deberían hacerse las investigaciones se derivaron de la lucha de las madres de las víctimas de esa ciudad.
En entrevista, Olivares expuso que el país tiene leyes que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia; está reconocido el tipo penal de feminicidio, hay protocolos y manuales para investigar estos casos e incluso fiscalías especializadas, pero las instituciones no tienen los recursos económicos ni materiales suficientes para indagar adecuadamente, “para que pueda haber justicia y reparación del daño”.
Señaló que la forma en se averigua la muerte de Luz Raquel, quien dejó huérfano a un niño con autismo, y el hecho de que la fiscalía estatal sugiera que la víctima se suicidó, son muestra de “que las autoridades de ese estado desconocen lo que implica aplicar la perspectiva de género en la investigación de la muerte violenta de una mujer”.
“¿Por qué no las conocen? Porque mucha de la formación que se ha brindado es muy básica: sensibilización en perspectiva de género o conocimientos elementales sobre género, cuando lo que requieren, además de eso, es formación técnica especializada”, sostuvo.
En Jalisco, Luz Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, manifestó que ella y su familia están “profundamente indignados porque quieren dar la vuelta a la investigación”.
En entrevistas con varios medios, Luz Aurora ha señalado que las graves quemaduras que sufrió su hermana no pudieron ser producto del alcohol, pues tenía daños en órganos internos que quedaron casi reducidos a cenizas, entre ellos los pulmones y los riñones.
“Cuando vi el cuerpo después de que nos lo entregaron también tenía golpes y eso no se ha informado, no se ha dicho”, acusó.
Abogada de profesión, Luz Aurora también criticó que, sin tener pruebas concluyentes sino sólo datos preliminares, el fiscal Méndez diera a conocer información que busca no sólo dañar la imagen de su hermana, sino que además privilegia la obtenida de la familia del vecino denunciado como agresor.
Destacó que hay testigos que vieron el ataque contra su hermana, por lo cual la familia no se detendrá hasta que se haga justicia.
Los colectivos, a su vez, alertaron que difundir información como lo hizo el fiscal, además de violar diversas leyes, dejó expuesta a la familia, porque existen “importantes antecedentes” de que fueron varias personas las que participaron en los hechos y podrían utilizar dichos datos para fines desconocidos.
“Es inconcebible que sea la propia autoridad encargada de proteger a las víctimas la que las coloque en una situación en la que podrían quedar expuestas”, refiere la misiva.
Alfaro defiende al fiscal
El gobernador emecista Enrique Alfaro respaldó al fiscal Méndez y acusó a quienes discrepan de la versión oficial de hacer uso político del caso. Agregó que se dará a conocer la verdad a los jaliscienses sin ocultar nada. “Sería muy fácil simplemente decir que ya tenemos detenido al principal sospechoso en un inicio de la investigación, pero el compromiso debe de ser con la verdad, antes de cualquier otra agenda”. Añadió que no volverá a hablar del tema para respetar “el sigilo” que debe guardar la investigación a cargo de la fiscalía estatal.