La SHCP publicó en el DOF modificaciones a la ley en la materia para exigir identificación del beneficiario controlador, automatización de alertas e historial de clientes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó una reestructuración a las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante un acuerdo difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los ajustes establecen esquemas obligatorios de evaluación de riesgos para que empresas y personas físicas dedicadas a actividades vulnerables analicen, detecten y mitiguen posibles transacciones financieras de procedencia ilícita.
Las nuevas medidas contemplan la integración de un expediente único de identificación por cliente, cuya información deberá mantenerse actualizada, verificada y respaldada bajo mecanismos de seguridad durante un periodo mínimo de diez años. Adicionalmente, las reglas se enfocan en ubicar al «beneficiario controlador» —la persona física que posee el beneficio final de las estructuras corporativas— y mandatan clasificar a los usuarios en niveles de riesgo bajo, medio y alto para aplicar protocolos diferenciados de monitoreo, con especial rigor sobre Personas Políticamente Expuestas o jurisdicciones de alta peligrosidad.
Para la fiscalización de estos procedimientos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los sujetos obligados deberán contar con sistemas automatizados que emitan alertas tempranas conectadas al portal oficial de la autoridad, además de elaborar un manual interno de políticas de debida diligencia. Aunque el acuerdo entrará en vigor de forma general el 30 de noviembre de 2026, la implementación de la evaluación formal de riesgos y los sistemas informáticos se concederá de manera paulatina entre 2027 y 2028.
Fuente: SHCP / DOF / SAT | © Redacción NoticiasPV Nayarit