Aunque la Ley Federal del Trabajo no prohíbe ni regula expresamente la inspección de pertenencias, especialistas en derecho laboral aclaran que los patrones solo pueden aplicarla si está estipulada en el Reglamento Interior registrado ante la autoridad federal; de lo contrario, se vulneran la dignidad y la privacidad del personal.
La práctica patronal de revisar bolsos, mochilas o pertenencias personales a la entrada o salida de los centros de trabajo constituye una medida recurrente enfocada en prevenir la sustracción de bienes o resguardar la seguridad de las instalaciones. Sin embargo, cuando estos procedimientos carecen de sustento normativo o se ejecutan de forma arbitraria, pueden derivar en violaciones sistemáticas a la privacidad, la dignidad humana e incluso en actos de discriminación sancionados por las autoridades laborales.
El abogado laboralista Fernando Martínez Flores, socio del despacho Jáuregui del Valle, explicó que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla una prohibición explícita contra la inspección de pertenencias, pero tampoco la regula formalmente. Por ello, las empresas suelen justificar estas acciones bajo el deber de salvaguardar la integridad de la plantilla laboral, argumentando la necesidad de impedir el ingreso de armas, objetos prohibidos o sustancias peligrosas que pongan en riesgo el entorno laboral.
Por su parte, el especialista en cumplimiento laboral y seguridad social, Gabriel Aranda Zamacona, enfatizó que para que una revisión resulte jurídicamente procedente debe existir un motivo objetivo y razonable, aplicable prioritariamente en empresas dedicadas a la fabricación, manejo o distribución de bienes muebles y herramientas susceptibles de sustracción. Aranda Zamacona advirtió que estas medidas jamás deben quedar al arbitrio de los supervisores o guardias de seguridad, sugiriendo la observancia de tratados internacionales en materia de derechos humanos para proteger la propiedad privada de los subordinados.
Para que las revisiones gocen de validez legal, resulta obligatorio que el procedimiento se encuentre detallado por escrito dentro del Reglamento Interior de Trabajo de la empresa. Dicho documento debe ser depositado y validado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL); de carecer de este registro formal, la revisión se considera ilegal y la persona trabajadora cuenta con el derecho legítimo de negarse a ser inspeccionada. Asimismo, las autoridades y tribunales han determinado que bajo ninguna circunstancia se permiten revisiones corporales invasivas, quedando acotadas —según criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— a palpalmentos superficiales sobre la ropa y sin tocar la ropa interior.
Especialistas destacan que los procedimientos deben ejecutarse de manera generalizada o mediante sistemas de selección aleatoria al azar, evitando cualquier tipo de perfilamiento basado en la vestimenta, apariencia física, edad, origen étnico o color de piel. Además, se prohíbe estrictamente fotografiar, grabar audio o videograbar al personal durante la inspección sin su consentimiento previo formulado por escrito, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
En caso de que la revisión esté plenamente normada en el Reglamento Interior registrado y el empleado se niegue a acatarla sin causa justificada, la conducta puede encuadrarse como una falta de probidad u honradez o desobediencia directa, causales de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón estipuladas en el artículo 47 de la LFT. Por el contrario, si la inspección se realiza al margen de la ley de forma invasiva, cualquier objeto o prueba obtenida carecerá de valor probatorio ante los Tribunales Laborales, convirtiendo un despido justificado en un despido improcedente sujeto al pago de indemnizaciones.
Fuente: Ley Federal del Trabajo – Análisis Jurídico de Compliance Laboral | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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