Para sorpresa de las autoridades conducía en estado de ebriedad y fue puesto a disposición de un juez. Fue vinculado a proceso por homicidio agravado, lesiones culposas y daños en las cosas
Un elemento activo de la Policía Vial del municipio de Bahía de Banderas fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en un accidente automovilístico que cobró la vida de un joven, ocurrido el pasado domingo sobre la carretera que conecta Bucerías con Valle de Banderas.
De acuerdo con información confirmada por fuentes ministeriales, el servidor público, identificado como Enrique R., conducía un vehículo particular cuando se vio involucrado en el percance.
Las investigaciones arrojaron que el agente se encontraba bajo los efectos del alcohol, condición que fue determinante para que el caso fuera judicializado como homicidio agravado.
El fatal accidente se registró antes del amanecer del 18 de enero, cuando autoridades municipales y cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un choque en el tramo conocido como el camino viejo a Valle de Banderas
Al arribar al sitio, localizaron dos vehículos severamente dañados: una camioneta tipo SUV color tinto que quedó atravesada sobre la cinta asfáltica y un automóvil compacto color plata que terminó fuera del camino.
Del interior del auto compacto fue rescatado un joven inconsciente, quien junto con los otros involucrados fue trasladado de urgencia a un hospital. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento del conductor, identificado como Ariel, vecino de Valle de Banderas, a consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Tras las diligencias iniciales, las autoridades procedieron a la detención del conductor de la camioneta, quien resultó ser un agente de vialidad municipal en funciones.
Los peritajes practicados confirmaron que se encontraba en estado de ebriedad, circunstancia que agravó su situación legal.
El caso fue puesto a disposición de un juez de control, quien resolvió vincularlo a proceso por los delitos de homicidio agravado, lesiones culposas y daños en las cosas, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Como resultado de esta resolución judicial, Enrique R. fue ingresado al centro de reclusión de Bucerías, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones y se determina su responsabilidad legal.
El caso ha generado indignación y consternación entre la población, al tratarse de un servidor público encargado precisamente de velar por la seguridad vial, y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad y conducta de quienes portan un cargo dentro de las corporaciones de seguridad.
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