La fiscalía estadounidense mantiene una orden de arresto contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas civiles en 1996; aseguran que el proceso legal no es un espectáculo mediático.
Las tensiones diplomáticas y los expedientes judiciales de carácter internacional volvieron a reactivarse en la agenda bilateral norteamericana. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por conducto del fiscal general interino Todd Blanche, ratificó de manera formal el compromiso de la administración de Washington para agotar los mecanismos a su alcance con el propósito de conducir al expresidente cubano Raúl Castro ante las cortes federales de la Unión Americana. Esta determinación surge tras la ratificación de una acusación formal radicada en el distrito de Miami, Florida, la cual vincula directamente al exjefe de Estado de la isla con el derribo de dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate, suceso registrado a mediados de la década de los noventa.
Los representantes del ministerio público estadounidense enfatizaron en declaraciones de prensa que la orden de aprehensión emitida no responde a un acto de simulación política o un espectáculo mediático, sino a la necesidad real de sentar al imputado en el banquillo de los acusados frente a un gran jurado en el estado de Florida. El esquema judicial implementado guarda similitudes operativas con los procesos de persecución y recompensas internacionales activados previamente por la Casa Blanca en contra de otros dignatarios de la región, como el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La fiscalía norteamericana advirtió que el exdirigente caribeño, quien actualmente cuenta con 94 años de edad, enfrentará los cargos correspondientes ya sea por comparecencia voluntaria o bajo esquemas forzosos de captura.
De acuerdo con el cuerpo de la acusación criminal, los cargos formulados contra Castro contemplan los delitos de conspiración para intervenir en las actividades de ciudadanos estadounidenses, homicidio calificado y destrucción intencional de aeronaves. El expediente de origen se remonta al 24 de febrero de 1996, fecha en la cual las fuerzas aéreas de la isla interceptaron y derribaron los dos aeroplanos de la organización civil, provocando el fallecimiento de cuatro tripulantes. Pese al distanciamiento territorial y la falta de convenios automáticos de extradición con el régimen de La Habana, el funcionariado de Washington reiteró que las agencias federales de seguridad mantendrán activas las alertas logísticas para ejecutar la presentación judicial.
Fuente: Fiscalía General de los Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV Nayarit
Cargando ...
