La gestión de la consejera presidenta se hunde en la ignominia tras revelarse que su chofer personal cobra sin trabajar y opera los negocios turbios de Corporativo Zeg. Hoy Sheinbaum, desde su mañanera, pidió una investigación sobre estos hechos.
La descomposición moral y la corrupción más descarada se han apoderado de la cúpula del Instituto Nacional Electoral (INE). Una explosiva investigación periodística destapó la red de complicidades que opera bajo el amparo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien mantiene en la nómina dorada a su chofer personal, Jonathan Navarrete Torres, un operador fantasma que cobra más de 45 mil pesos mensuales como jefe de departamento sin pisar las oficinas del órgano electoral.
Pero el escándalo raya en la mafia corporativa: los registros públicos demuestran que el supuesto empleado de confianza es, al mismo tiempo, apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las empresas consentidas que acapara millonarios contratos de proveeduría para material electoral. Con total impunidad, el protegido de Taddei omite sus vínculos empresariales en su declaración patrimonial mientras la institución se blinda bajo la opacidad y el saqueo sistemático del erario.
Cynismo institucional, desvío de recursos y la embestida de la Auditoría Superior:
– Chofer «fantasma»: Jonathan Navarrete succiona el erario con un sueldo de 45,765 pesos mensuales asignado a un nivel de jefe de departamento, pese a que personal del propio INE confirma que jamás se presenta a laborar.
– Conflicto de interés vulgar: El prestanombres de Taddei funge desde 2023 como apoderado de Corporativo Zeg, empresa investigada por la UIF por lavado de dinero, prácticas monopólicas y contratos inflados de papelería electoral.
– Omisión dolosa: El empleado ocultó dolosamente su participación societaria en su declaración patrimonial del pasado 30 de junio de 2026, pisoteando las leyes de responsabilidades administrativas.
– Presión presidencial: Ante la podredumbre interna, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió una investigación a fondo y la intervención inmediata de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de Gobernación.
El contubernio entre la máxima dirigencia del INE y las empresas proveedoras confirma que el árbitro electoral se transformó en un botín privado, donde la protección a operadores corruptos escupe en la cara de la ciudadanía.
Fuente: Investigación Periodística / Reforma / Presidencia de la República | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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