La acusación formulada contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios forma parte de una ampliación del caso iniciado en 2023 por tráfico de fentanilo en Estados Unidos.
La reciente acusación del gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es un expediente aislado, sino la ampliación de un proceso judicial que se instruye desde 2023 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Bajo el número de caso 23-cr-180, la investigación inicialmente fue dirigida contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán y líderes de la facción de «Los Chapitos», por liderar una de las redes más grandes de tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
En los documentos que obran en poder de la jueza Katherine Polk Failla, se detalla que la organización criminal utilizaba sobornos en efectivo para obtener protección institucional y facilitar el libre tránsito de estupefacientes. Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense decidió agregar en este mismo expediente al mandatario estatal Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a siete exservidores públicos más, a quienes se les señala de haber recibido fuertes pagos a cambio de impunidad.
Desde que se abrió esta causa penal, la justicia norteamericana ha logrado procesar a siete de los implicados originales. Entre los detenidos destacan Kevin Gil Acosta, Martín Zazueta Pérez y Néstor Isidro Pérez Salas, alias «El Nini», quienes fueron extraditados por las autoridades mexicanas el año pasado. Actualmente, el proceso sigue sumando evidencias por corrupción institucional y narcotráfico, mientras que los hermanos Guzmán Salazar continúan prófugos y la DEA mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por cada uno.
Fuente: Corte del Distrito Sur de Nueva York | © Redacción NoticiasPV Nayarit