Mientras el gobierno federal busca frenar la solicitud de asistencia internacional del CED, activistas y familiares advierten que instancias internacionales como el Alto Comisionado y su oficina en México convalidan la postura oficial y evitan un escrutinio real sobre la impunidad.
En el contexto en el que la administración federal busca frenar la solicitud de asistencia internacional para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, las familias de las víctimas han denunciado que enfrentan un obstáculo adicional: la actuación de organismos de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, lejos de acompañarlas, estarían favoreciendo la posición del gobierno mexicano. De acuerdo con Jorge Verástegui González, integrante del colectivo Hasta Encontrarles y defensor de derechos humanos, el camino es sumamente complejo debido a que los mismos órganos internacionales están operando en contra de las víctimas, expresando escepticismo sobre la posibilidad de que la Asamblea General impulse un mecanismo multilateral efectivo ante una crisis que supera las 135 mil personas desaparecidas y el rezago de miles de cuerpos sin identificar.
El activista, cuyo hermano y sobrino desaparecieron el 24 de enero de 2009 en Coahuila, cuestionó severamente la reciente visita del Alto Comisionado Volker Türk a México, calificándola de vergonzosa y señalando que parecía una campaña de reelección, además de criticar los vínculos de los funcionarios internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las críticas del defensor alcanzan directamente a la oficina de la ONU-DH en México por colaborar con el gobierno en la selección de expertos para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, un proceso que, asegura, se realizó sin el aval de los colectivos de búsqueda y con el propósito aparente de limpiar la imagen oficial frente a los posicionamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).
Verástegui advierte que uno de los principales problemas radica en que la discusión dejará el plano técnico de los derechos humanos para trasladarse a la Asamblea General, un espacio estrictamente político donde las decisiones corresponden a los gobiernos y donde la diplomacia mexicana cuenta con una posición consolidada frente al menor peso político del CED. Pese a que el organismo internacional ha señalado que su recomendación no constituye una condena contra el Estado, sino un llamado a pedir ayuda para superar una crisis incontrolable, el gobierno ha respondido con rechazo argumentando que no existe tal problemática, lo que a juicio de las familias refleja la permanencia de un pacto de impunidad que protege responsabilidades institucionales, incluidas indicios de participación de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el defensor subrayó que, a pesar de este panorama adverso, los colectivos mantendrán la documentación y denuncia de los casos ante instancias internacionales, recordando que el trabajo de las familias desde 2010 fue el detonante para que el CED visibilizara la gravedad de la situación en México. Concluyó señalando que la administración federal desaprovecha la oportunidad de abrir espacios de seguimiento técnico y ministerial caso por caso, limitándose a presentar informes administrativos ante los familiares sin atender el fondo de la impunidad y las desapariciones.
Fuente: Entrevistas a colectivos | © Redacción NoticiasPV Nayarit