Bajo el memorando NSPM 7, la administración Trump intensifica la persecución de movimientos «Antifa» y activistas; organizaciones civiles denuncian una campaña de intimidación y violaciones constitucionales en este miércoles 1 de abril de 2026.
El gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura interna mediante una nueva estrategia de seguridad nacional. Este miércoles 1 de abril de 2026, se revelaron detalles sobre la creación de una entidad interagencias, liderada por el FBI, destinada a perseguir a grupos calificados como «marxistas», «anarquistas» e «izquierdistas». La campaña se centra en individuos que expresen hostilidad hacia lo que la Casa Blanca define como valores tradicionales estadunidenses en temas de raza, religión y familia.
Designación de «Antifa» como grupo terrorista
A pesar de que expertos aseguran que no existe una organización centralizada con ese nombre, la Casa Blanca mantiene la etiqueta de «terrorismo doméstico» para el movimiento Antifa. En Fort Worth, Texas, ya se registró el primer juicio bajo esta política, donde nueve manifestantes fueron condenados por cargos de apoyo al terrorismo tras una protesta en un centro de detención migrante. La procuradora general, Pam Bondi, afirmó que este es solo el inicio de un plan para «desmantelar sistemáticamente» a estas agrupaciones.
Vigilancia tecnológica y control de ONG
La ofensiva incluye el uso de tecnología avanzada, como reconocimiento facial y escaneo de iris, para identificar a participantes en protestas. Además, el Departamento de Justicia ordenó investigar el estatus fiscal de organizaciones sin fines de lucro que se oponen a la administración, bajo la sospecha de vínculos con el terrorismo. Críticos señalan que estas medidas buscan criminalizar la disidencia política y silenciar las voces contrarias a las políticas de la actual administración.
Alertas por libertades civiles
La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU) calificó estas acciones como un intento deliberado de intimidar a la oposición. Según la organización, el uso de memorandos presidenciales para equiparar la crítica política con conspiraciones criminales viola las garantías constitucionales de libertad de expresión. Mientras el gobierno planea una cumbre internacional para combatir al «izquierdismo radical», defensores de derechos humanos advierten sobre un retroceso democrático sin precedentes en este inicio de abril de 2026.
Fuente: Agencias Internacionales / Departamento de Justicia de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV Nayarit