La firma jurídica internacional León Barrena Rodríguez & Partners señaló que el gobierno mexicano impone pretextos políticos y legales para ganar tiempo y evitar la captura del gobernador de Sinaloa.
La actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el proceso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha generado fuertes críticas a nivel internacional. El despacho jurídico León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) acusó formalmente a las dependencias mexicanas de orquestar un ejercicio de obstrucción legal y de violar abiertamente los acuerdos establecidos en el Tratado de Extradición vigente entre México y los Estados Unidos.
De acuerdo con el análisis de la firma legal, la insistencia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en exigir pruebas contundentes antes de proceder con una detención provisional carece de sustento jurídico. El despacho argumentó que, bajo el Artículo 11 del Tratado de Extradición bilateral de 1978, una solicitud de este tipo no requiere evidencia formal de culpabilidad, sino únicamente la existencia de una acusación formal y el compromiso de presentar la documentación completa en un plazo de 60 días. Por ello, calificaron la postura de la administración federal como un «cortafuegos político» diseñado para proteger al mandatario sinaloense.
En respuesta a las acusaciones que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya ha negado categóricamente los señalamientos, asegurando que se trata de una estrategia para desacreditar al partido Morena. El mandatario estatal afirmó encontrarse tranquilo y descartó abandonar el estado de Sinaloa para enfrentar el proceso, subrayando que hasta el momento no ha sido notificado formalmente por ninguna autoridad ministerial, aunque confirmó haber sostenido ya comunicación con la titular del Ejecutivo Federal.
Fuente: Análisis jurídico del despacho León Barrena Rodríguez & Partners | © Redacción NoticiasPV Nayarit