El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, rechazó retomar las carpetas de investigación por presunto enriquecimiento ilícito y peculado en contra del mandatario estatal, a pesar de las nuevas denuncias federales.
Las determinaciones ministeriales en el estado de Nuevo León ratificaron el cierre definitivo de los expedientes vinculados con presuntos actos de corrupción en el poder ejecutivo local. El titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), Javier Flores Saldívar, descartó de manera formal la reapertura de las carpetas de investigación instruidas en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, a quien se le imputaban los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. El funcionario estatal argumentó que la resolución de no ejercicio de la acción penal dictada por la Fiscalía Anticorrupción local en agosto de 2025 posee un carácter de inmodificable debido a la falta de elementos probatorios.
La controversia resurgió luego de que la dirigencia del partido Morena interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del mandatario emanado de Movimiento Ciudadano y su esposa, persiguiendo los mismos hechos que ya fueron desestimados en la jurisdicción local. Al respecto, Flores Saldívar aclaró ante los medios de comunicación que la institución a su cargo mantiene una postura de absoluto respeto frente a las facultades del organismo federal, pero enfatizó que los procesos de indagatoria locales se encuentran concluidos y archivados bajo los registros de la carpeta judicial 97/2024-UI3FECC.
El pliego de reclamos originales, promovido inicialmente por el grupo parlamentario del PAN, incluía auditorías sobre la adquisición de un predio de 18 hectáreas en la zona residencial de la Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García, con un valor comercial estimado en 700 millones de pesos, así como la compra de un rancho de 700 hectáreas en el municipio de Linares. De igual forma, se investigaron presuntas triangulaciones financieras superiores a los 200 millones de pesos provenientes de un proveedor gubernamental hacia el despacho jurídico propiedad del gobernador y su padre. Ante la exoneración, colectivos de activistas sociales, donde participan figuras como Liliana Flores Benavides y Tatiana Clouthier, acudieron ante el Congreso local para promover un juicio político en contra del fiscal, acusándolo de violentar la autonomía ministerial.
Fuente: Fiscalía General de Justicia de Nuevo León | © Redacción NoticiasPV Nayarit