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WASHINGTON (apro) – Dos millones 200 mil dólares como fianza para obtener la libertad condicional ofreció al gobierno de Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien además exige ser sacado de prisión por miedo a contraer el Covid-19.
Acusado de narcotráfico y lavado de dinero por el Departamento de Justicia, el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón quiere aprovechar la crisis por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos para obtener la libertad bajo fianza.
En una carta dirigida al juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, César de Castro el abogado de oficio de García Luna pretende que liberen a su cliente con el pago de 2.2 millones de dólares y argumenta que dentro de la prisión corre más riesgo de contraer el coronavirus.
“El señor García Luna ahora propone ser liberado con el pago de una fianza de dos millones de dólares, cantidad que tendrá como garantes a 10 personas (siete financieramente responsables y tres moralmente)”, se lee en la misiva de 10 páginas firmada por De Castro.
Al juez, la defensa de García Luna le hace notar que los garantes han sido aprobados por los servicios de la Corte en Brooklyn a cargo de los procedimientos de preparación de audiencias previas al juicio.
De Casto explica que los 2.2 millones de dólares se desprenden de una propiedad de su cliente valuada en 1.2 millones y cuatro propiedades de tres de sus garantes, por lo que en suma la oferta de fianza para obtener la libertad condicional es de 2.2 millones de dólares.
El abogado de oficio aclara que, de conseguir la libertad “García Luna estaría sujeto a monitoreo y se presentaría a las audiencias de los preparativos de su juicio y residiría en el área de Washington, D.C. junto a su familia”.
En desavenencia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales como medidas de prevención al contagio del Covid-19 que exigen el aislamiento y la sana distancia, De Castro pide la salida de la cárcel de su cliente para protegerse del virus respiratorio.
“La liberación del señor García Luna también sería necesaria para proteger físicamente su salud a la luz de la devastadora pandemia del Covid-19 que padece el mundo y que podría propagarse en el Centro de Detención Metropolitano donde se encuentra encerrado”, acotó De Castro en la carta al magistrado Cogan.
La argumentación del aumento de pago de la fianza la sustenta De Castro en el hecho de que el pasado 27 y 28 de febrero, en audiencias llevadas a cabo en ese sentido, el juez Robert Levy abrió la posibilidad de que García Luna alcanzara la libertad si pagaba una cantidad mayor al millón de dólares que esas sesiones propuso a la Corte de Brooklyn.
El estado de Nueva York, donde se encuentra encerrado García Luna, está catalogado en estos momentos como el epicentro de Estados Unidos de la expansión y contagio de la pandemia del coronavirus.
“Muchos acusados en este distrito están sometiendo propuestas de pagos para la liberación bajo fianza debido a la pandemia del Covid-19 y si se relega este asunto de nuevo al juez Levy, se podría aliviar el peso del caso al juez (Cogan) que tendría que familiarizarse con este asunto”, matiza el abogado De Castro en la carta.
Capturado el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, quien fuera también titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, está acusado por el gobierno de Donald Trump; de asociación con la fracción del Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
El Departamento de Justicia asegura contar con evidencias para demostrar que García Luna recibía millones de dólares en pago por parte de narcotraficantes mexicanos; a cambio de información de inteligencia, protección e impunidad durante su gestión como funcionario federal.
El Departamento de Justicia reveló que las investigaciones que han llevado a cabo sobre las acciones ilícitas de García Luna exponen la manera en que el ex funcionario mexicano usaba “empresas fachada y prestanombres” para ocultar el dinero que recibía del narco.
El ex asesor en seguridad, amigo y protegido de Calderón, sostiene que sus propiedades (que le serán incautadas por el Departamento del Tesoro) tienen un valor aproximado de un millón 200 mil dólares, pero el Departamento de Justicia contradijo este cálculo.
Los documentos de los fiscales, presentados el mes pasado en la Corte, revelan que los inmuebles en bienes raíces que le han identificado a García Luna, tienen un valor de 4 millones de dólares.
“Las investigaciones del gobierno han revelado que en el curso de varios años el acusado usó varias técnicas para ocultar el tamaño de sus verdaderas pertenencias financieras con empresas fantasma y con prestanombres que compraron bienes para él”, resaltan los fiscales.
Los documentos del gobierno estadunidense apuntan que García Luna utilizó una de sus empresas fantasma para comprar una residencia de 473.7 metros cuadrados en Golden Beach (Florida) en más de 3 millones de dólares que pagó en efectivo.
Por medio de otra de las empresas fantasma de García Luna, dos de las cuales tiene en Estados Unidos en una de las cuales no está registrado ni como dueño ni socio, compró un yate registrado al que puso a nombre de uno de sus socios que utilizó como tapadera.
También por medio de una empresa fantasma, el ex secretario de Seguridad Pública cubría los pagos de las colegiaturas de sus hijos en escuelas privadas y caras de los Estados Unidos.
“La investigación del gobierno esclarece que el acusado de manera consistente recibió millones de dólares en fondos provenientes de compañías con las que está públicamente afiliado y de empresas fantasma”, se lee en el folio número 4 presentado por los fiscales.
Con una de las compañías que García Luna usaba como frente para supuestamente ocultar el origen de su fortuna y con sede en Panamá, compró con dólares en efectivo la residencia en Golden Beach.
El defensor del ex jefe de la desaparecida AFI volvió a desestimar la credibilidad de los testigos que dice el Departamento de Justicia tener listos para incriminar en un juicio al acusado.
El gobierno de Trump acusa a la vez a García Luna de haber mentido bajo juramente sobre su pasado delincuencial (por su asociación con la fracción del Cártel de Sinaloa comandada por el Chapo Guzmán) cuando solicitó la ciudadanía estadunidense por naturalización.
La próxima audiencia de preparación del juicio de García Luna está calendarizada para el 2 de abril, aunque se presume que será postergada hasta nuevo aviso debido a crisis del Covid-19 que padece Nueva York.
De ser declarado culpable de los delitos que le imputa el gobierno de Trump, García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua como castigo máximo, o ser enviado a prisión a purgar una condena de 10 a 15 años como represalia mínima por sus crímenes.
Por medio de su abogado de oficio, García Luna negocia con el Departamento de Justicia la posibilidad de convertirse en testigo cooperante para evitar ser enjuiciado y correr el riesgo de ser sentenciado a pasar el resto de sus días en una cárcel federal.
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