Registros oficiales revelan que el conglomerado de proveedores acumuló más de mil 400 millones de pesos en contratos de material electoral a lo largo de dos administraciones.
El entramado de complicidades y conflictos de interés que derribó la cúpula del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene raíces más profundas de lo previsto. De acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la red de empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas —hoy bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación— ha obtenido contratos multimillonarios para la producción de urnas, boletas y mamparas electorales desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del organismo.
Los registros oficiales documentan al menos 49 convenios adjudicados entre 2018 y el año pasado por un monto superior a los mil 450 millones de pesos, distribuidos entre el INE federal y diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Firmas como Cajas Graf y Corporativo Zeg consolidaron un imperio de proveeduría que sobrevivió a los cambios de administración, facilitando posteriormente la colocación de operadores directos en posiciones estratégicas de la Dirección Ejecutiva de Administración bajo el mandato de Guadalupe Taddei.
Proveeduría transexenal, opacidad institucional y los tentáculos del poder privado en el árbitro electoral:
– Antecedentes históricos: El flujo de millonarios contratos hacia las empresas de Hernández Casillas comenzó formalmente durante la administración federal pasada.
– Montos colosales: El conglomerado empresarial acumuló más de mil 400 millones de pesos mediante la venta de material electoral en el plano federal y estatal.
– Continuidad transexenal: La red de adjudicaciones operó sin cortapisas bajo la presidencia de Lorenzo Córdova y se prolongó hasta el reciente colapso directivo de Taddei.
– Infiltración administrativa: Exrepresentantes jurídicos de estas mismas corporaciones terminaron ocupando cargos directivos clave en el control presupuestal del instituto.
La revelación de estos vínculos transexenales expone la vulnerabilidad sistemática del árbitro electoral frente a grupos de interés económico que han operado impunemente a lo largo de múltiples gestiones.
Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia / Investigaciones Especiales | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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