*El 23 de enero de 1994 fue encontrado el cuerpo de Alma Chavira Farel, lo que detonó un proceso de construcción de políticas contra la violencia de género…
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CIUDAD DE MÉXICO.
El marco institucional y legal que se ha construido para enfrentar la violencia de género desde el comienzo de los feminicidios en Ciudad Juárez, incluyendo la creación de un Instituto Nacional de las Mujeres junto con unas dos mil 50 instancias municipales y estatales de protección, además de leyes específicas en la materia, no ha sido suficiente para contener la problemática que migró de la ciudad fronteriza a prácticamente todo el país en los últimos 25 años.
“Es importante reconocer que esta red institucional y este andamiaje jurídico importante que tenemos de normativas a favor de los derechos humanos de las mujeres no han sido suficientes para revertir un patrón estructural profundamente arraigado de discriminación y violencia contra las mujeres; en los últimos años se ha agravado por el vínculo directo que tiene la violencia contra las mujeres con la vinculada a la delincuencia organizada en nuestro país, porque para los grupos delincuenciales, las mujeres se han convertido en su botín de guerra favorito”, argumentó Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
“Además de este vínculo y nexo también hay que reconocer los enormes desafíos y vacíos institucionales que tenemos, por ejemplo, con una realmente inadmisible condición de impunidad en muchos de los casos de violencia contra las mujeres que citando distintas fuentes hablan de entre 93 y 97 por ciento, y detrás de eso está la corrupción; yo diría que la corrupción, impunidad y permisibilidad social son en gran parte responsables de este contexto de violencia”, afirmó.
El 23 de enero de 1994, fue encontrado el cuerpo de Alma Chavira Farel en Ciudad Juárez y a partir de su caso, cientos de muertas más se han dado en la ciudad fronteriza, lo que originó al menos 300 recomendaciones que detonaron un proceso de construcción de políticas de Estado para combatir la violencia contra las mujeres.
“Hemos tenido un importante proceso de transformación institucional y jurídico en el país que ha traído como consecuencia que se reconozca el fenómeno de la violencia contra las mujeres como una gravísima violación a los derechos humanos. Se han creado instituciones específicas para proteger sus derechos humanos, tenemos una entidad específica dentro de la PGR, Fevimtra; en Segob, Conavim; dentro de los congresos locales y el Congreso de la Unión hay comisiones específicas destinadas a dar seguimiento a la situación de la violencia contras las mujeres; en el terreno normativo está vigente la Ley de Igualdad y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el feminicidio ya está tipificado en todo el país”, dijo Navarrete.
Pese a ello, a 25 años de distancia, hoy todavía, en promedio 7.5 mujeres son asesinadas al día. Según datos oficiales en 31 años, de 1985 a 2016, se tiene el registro de 52 mil 210 homicidios violentos de mujeres con presunción de feminicidio, lo que representa cinco veces la capacidad del Auditorio Nacional.
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