*El indígena zapoteco Simón Severo Aguilar López acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos…
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OAXACA, Oax. (apro).- El indígena zapoteco Simón Severo Aguilar López acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para denunciar las arbitrariedades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que le exige un pago por 380 mil pesos por no hacer una aclaración sobre su predio.
“Es un cobro excesivo por no hacer una aclaración, pero a los exgobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué, que han sido acusados del desvío de recursos por miles de millones de pesos, no los molestan”, dijo el campesino, quien forma parte del movimiento de lucha en defensa del agua.
El motivo de la multa, explicó, es que ellos argumentan que en 2005, cuando tramitó su primera concesión para un pozo de agua, hubo una equivocación en su escritura, pero nunca se lo notificaron.
Y lanzó: “¿Por qué a los indígenas los castigan de todo y a otros, como los exgobernadores que saquean el estado, no les hacen nada? Ahí está Javier Duarte y tiene todas las facilidades, y a un campesino que va al día es injusto que le hagan ese cobro de 380 mil pesos, cuando soy un sembrador de hortalizas”.
Señaló que hace 50 años se emitió el decreto de veda que condiciona el agua y afecta a los distritos de Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán, sin embargo, “la crisis se agudizó en 2005, cuando sufrimos la sequía y comenzaron a llegar los excedentes de pagos que iban desde los mil a 24 mil pesos”.
En consecuencia, apuntó, los pueblos zapotecos en resistencia, conocidos como “sembradores de agua”, han luchado desde hace 11 años por defender su agua, porque en 1967 el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz impuso ese decreto de veda condicionando el uso del agua para la agricultura.
El 8 de abril de 2013, la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una resolución en la que ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizar una consulta a 16 comunidades indígenas para la modificación del decreto de veda.
Sin embargo, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua han denunciado que el organismo federal ha pretendido violentar dicha consulta con el despliegue de “estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial, en un afán de convertir la consulta en un mero trámite formal”.