El INE da luz verde a nuevas reglas de equidad de cara al 2018

*El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las “Reglas y criterios de…

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las “Reglas y criterios de interpretación para garantizar principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018”.

El INE advirtió que estos lineamientos deberán ser aplicados por las autoridades electorales de todo el país.

Además, el documento establece las modalidades que puede adoptar la propaganda gubernamental, la actuación que deberán tener los servidores públicos y la gestión de los programas sociales.

En un comunicado, la autoridad electoral destacó que los criterios también establecen condiciones a las que deberán ajustarse los informes de labores.

En el caso de los programas sociales, dispone que desde el inicio de las precampañas no podrán ser entregados en actos públicos masivos.

Incluso, será considerado presión sobre el electorado la entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo, futuro o condicionado al resultado de las votaciones.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, aclaró que la emisión del acuerdo no significa que el instituto buscó “legislar”, como con anterioridad señaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando revocó los lineamientos de “cancha pareja”.

“No contraviene lo dispuesto la semana pasada por el Tribunal Electoral. Por supuesto, obvio, lo evidente, si este acuerdo es impugnado en todo caso tendrá que ser constatada esta afirmación que tiene una plena convicción de los miembros de este consejo”, acotó Córdova.

También sostuvo que el documento fue elaborado con base en criterios emitidos por el máximo tribunal electoral.

El consejero Ciro Murayama señaló que los lineamientos aprobados buscan desvincular a los programas sociales del ámbito electoral. “En un deber ser de los programas sociales, éstos deberían ser neutros a la vida político-electoral. Cuando los beneficios de estos programas se ofrecen o se condicionan a cambio de determinadas conductas político-electorales de los beneficiarios, o cuando tratan de impactar en las preferencias político-electorales de los ciudadanos constituyen un mal uso de los mismos”, alertó.

Más aún, el documento aprobado establece que las normas y criterios son de aplicación para todas las autoridades electorales del país, federales y locales, así como a los servidores públicos en general, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica respecto a la difusión de propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación, así como en la utilización de programas sociales y de sus recursos.

Incluso plantea que los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta síndicos, regidores y jefes delegacionales de la Ciudad de México incurrirán en una violación al principio de imparcialidad al aplicar recursos públicos a cambio de la promesa o la demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición, a partir del inicio de las precampañas hasta la conclusión de los comicios.