*En lo que resta del sexenio –año y medio– el presidente Enrique Peña Nieto debe ‘‘comprometerse públicamente’’ a resolver la casi total impunidad que prevalece en materia de delitos contra…
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En lo que resta del sexenio –año y medio– el presidente Enrique Peña Nieto debe ‘‘comprometerse públicamente’’ a resolver la casi total impunidad que prevalece en materia de delitos contra la libertad de expresión y garantizar la protección de los periodistas, indica la recomendación del informe extraordinario del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que será presentado este miércoles 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Expresión, en el puerto de Veracruz.
‘‘Si la justicia no prevalece antes del término de su mandato (dentro de año y medio) Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica’’, asienta el documento, titulado Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas.
Para cumplir con esta recomendación, el Ejecutivo debe asegurarse que los funcionarios federales investiguen exhaustivamente todos los casos de violencia contra periodistas y apliquen la justicia contra los perpetradores.
El Presidente también debe garantizar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tenga suficiente autoridad y recursos para cumplir su cometido. Entre el 29 de febrero de 2016 y el 31 de enero de este año, el organismo abrió 123 expedientes, 10 de ellos relacionados con homicidios. De lo anterior sólo se lograron tres condenas.
Además, el mandatario debe asegurar que el mecanismo de protección sea eficaz para prevenir agresiones letales. Según la opinión generalizada de los medios consultados para el informe de la CPJ, el mecanismo ha sido ineficaz y ‘‘totalmente insuficiente’’. El documento afirma que a Peña Nieto ‘‘se le está acabando el tiempo’’ para demostrar su voluntad política.
Carlos Lauría, coordinador y vocero del CPJ para las Américas, moderará hoy un panel de debate para analizar junto con periodistas veracruzanos los contenidos del informe relacionados con esa entidad, donde –indica el nuevo documento– ‘‘la violencia es particularmente grave’’ y los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del gobernador Javier Duarte.
En Veracruz se registró la tasa de un periodista asesinado al año y uno desaparecido cada dos años durante el sexenio del ex mandatario ahora preso en Guatemala. En los cinco meses que lleva el gobernador Miguel Ángel Yunes se cuenta ya un reportero asesinado y un atentado contra un editor que resultó gravemente herido.
En esta década, los sucesivos gobiernos mexicanos crearon tres herramientas para enfrentar esta problemática: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el mecanismo de protección federal dirigido a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y una enmienda de ley para ampliar las facultades federales para ejercer la atracción de las investigaciones judiciales. Pero el análisis caso por caso de los asesinatos de periodistas demuestra que ninguna de las tres herramientas es aprovechada en plenitud por las autoridades.
De este modo, los medios mexicanos no sólo están expuestos a la violencia y las amenazas de los perpetradores, sino también a un sistema judicial con fallas estructurales, a los efectos de los retrasos e inconsistencias en los procesos judiciales y a las ineficiencias presentes en los mecanismos de protección.
El informe Sin excusas (…) de la CPJ analiza tres casos: los asesinatos de Moisés Sánchez, de Medellín, Veracruz, el 24 de enero de 2015; el de Marcos Hernández Bautista, de Jamiltepec, Oaxaca, el 21 de enero de 2016, y el de Gregorio Jiménez, de Coatzacoalcos, Veracruz, el 5 de febrero de 2014, para ilustrar cómo funciona el mecanismo de la impunidad. En los tres casos la acción de la justicia repitió los mismos rasgos de ineficacia: negó o minimizó la vinculación del crimen con la actividad profesional de las víctimas, dejó incompleta la investigación sin determinar y comprobar el móvil del crimen e independientemente de que se registraran algunas detenciones, la indagatoria sólo llegó a nivel del autor material, nunca al autor intelectual.