Una comisión de la verdad rastrea la red de complicidades que permitió al magnate operar con impunidad en su mansión del desierto; buscan identificar a quienes «hicieron la vista gorda».
La Cámara de Representantes de Nuevo México dio un paso decisivo este martes 17 de febrero al instalar una comisión bipartidista para desentrañar la red de encubrimiento que rodeó a Jeffrey Epstein. La investigación no solo se centra en los abusos cometidos en el Rancho Zorro, sino en la posible corrupción de servidores públicos que permitieron que el financiero operara sin restricciones, a pesar de sus antecedentes penales.
La legisladora demócrata Marianna Anaya fue tajante al señalar que la red de tráfico sexual no pudo sostenerse por décadas sin la complicidad de terceros. “Quienes lo facilitaron deben rendir cuentas, incluido el propio Estado si es necesario”, afirmó, subrayando que la estructura financiera y criminal de Epstein requería de un soporte que va más allá de un solo individuo.
La mansión del desierto que el FBI «olvidó»
El Rancho Zorro, una propiedad de 2,480 metros cuadrados ubicada al sur de Santa Fe, contaba con una pista de aterrizaje privada que presuntamente facilitaba el traslado de víctimas. Aunque sobrevivientes han señalado por años que la trata de menores ocurría en este sitio, los legisladores locales cuestionan hoy el vacío en los registros oficiales y la falta de acción de las fiscalías en años anteriores.
Omisiones legales injustificables
La comisión, que opera con un presupuesto de 2 millones de dólares y poder de citación legal, enfocará sus baterías en una pregunta clave: ¿por qué Epstein nunca fue registrado como delincuente sexual en Nuevo México tras su condena de 2008 en Florida? Esta omisión técnica le permitió al magnate moverse con total libertad en la entidad hasta su arresto final y posterior suicidio en 2019.
El panel está integrado por perfiles de alto nivel, incluyendo al exagente del FBI William Hall y la exfiscal Andrea Reeb, quienes buscan «llenar los vacíos» que las investigaciones federales dejaron en el camino. Por su parte, los actuales dueños de la propiedad, la familia Huffines, han garantizado plena cooperación con los organismos de aplicación de la ley para erradicar la sombra de sospecha que aún pesa sobre el lugar.
Fuente: Agencia AP | © Redacción NoticiasPV
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