Investigaciones periodísticas detallan los antecedentes judiciales del consejero electoral y su cercanía con redes políticas de Tabasco al interior del árbitro comicial.
Durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), la actuación del consejero Jorge Montaño Ventura se mantuvo bajo el escrutinio público debido a su cercanía institucional con la extitular y su historial político vinculado a cuadros operados por el senador Adán Augusto López Hernández en el estado de Tabasco. Montaño, quien asumió su cargo en marzo de 2023 tras un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, ha sido señalado por respaldar de manera sistemática las decisiones de la expresidenta y por promover la incorporación de diversos operadores de su entidad natal en áreas clave de la estructura del organismo autónomo.
Los antecedentes profesionales de Montaño incluyen un periodo crítico entre 2015 y 2017, cuando enfrentó un proceso penal y administrativo derivado de una presunta compraventa irregular de un inmueble durante su paso por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). Expedientes judiciales y actas de formal prisión señalan que el entonces funcionario impulsó la adquisición de un edificio con un sobreprecio superior a los ocho millones de pesos, el cual peritajes técnicos posteriores declararon inhabitable. Aunque enfrentó una orden de aprehensión por el delito de ejercicio indebido del servicio público, logró evitar la prisión mediante recursos de amparo hasta que el caso fue sobreseído en 2016.
Tras su llegada al INE, la influencia de Montaño se tradujo en la colocación de colaboradores y exservidores públicos tabasqueños en puestos estratégicos. Entre los nombramientos más cuestionados destaca el de Mario Alberto Alejo García al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), área encargada de auditar los recursos de los partidos políticos, así como la designación de asesores y directores con trayectorias previas en el sistema electoral y de procuración de justicia tabasqueño, tales como Anahí Silva Tosca en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Ofelia Sánchez Frías en el área de Seguridad.
Las redes de colaboración política se extendieron a través de perfiles que también colaboraron con administraciones estatales previas, consolidando un bloque de funcionarios vinculados a los equipos de trabajo del exgobernador y exsecretario de Gobernación. Estas designaciones han generado tensiones dentro del Consejo General, donde sectores de la oposición y especialistas han cuestionado la imparcialidad técnica y la autonomía operativa de áreas fundamentales para la fiscalización de los procesos electorales federales.
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE y el inicio de las auditorías internas impulsadas por el nuevo Pleno de consejeros abren un periodo de revisión sobre los nombramientos y la legalidad de los contratos firmados durante la anterior administración. Las decisiones que adopte el organismo definirán el alcance de las medidas correctivas frente a los señalamientos de conflicto de interés y opacidad institucional.
Fuente: Investigaciones periodísticas / Archivos judiciales del estado de Tabasco | © Redacción NoticiasPV Nayarit