Los juristas consideran que es necesario revisar todos los recursos destinados para los ejercicios electorales para no defraudar a la ciudadanía
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una solicitud por parte de jueces, quienes demandan la adopción de medidas ante la insuficiencia presupuestal para la organización del proceso electoral extraordinario 2024-2025. Este proceso está dirigido a la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), un evento crucial para garantizar la independencia y calidad del sistema judicial mexicano.
En su petición, los juzgadores recalcaron la importancia de evitar acciones que pudieran comprometer la calidad y eficiencia de la organización del proceso electoral. “Previo a tomar acciones que pudieran representar una reducción o merma en la calidad y eficiencia en la organización, así como en el desarrollo del proceso electoral federal para elegir a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado (como la anunciada medida consistente en la reducción de casillas electorales), proceda a adoptar todas las alternativas legales para lograr la obtención del presupuesto que se calculó, programó y proyectó en la debida realización del proceso electoral”, detalla la solicitud.
¿Sin recursos para organizar elecciones?
La preocupación de los jueces tiene su origen en el acuerdo INE/CG2321/2024, aprobado el 4 de noviembre por el Consejo General del INE. En dicho acuerdo, se estableció un presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos para la organización de la elección judicial.
Sin embargo, la aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 por parte de la Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre trajo un recorte significativo al presupuesto del INE, eliminando 13 mil 476 millones de pesos de los 40 mil 476 millones solicitados. Este recorte equivale prácticamente al monto necesario para organizar la elección judicial situación que preocupa a los miembros del Poder Judicial.
“Si esto ocurre, el de por sí ya cuestionado y dudoso proceso electoral tendrá un final de fracaso, no sólo institucional, sino en el objetivo último de lograr que la ciudadanía cuente con un PJF profesional, independiente, autónomo y ético que los defienda de forma auténtica contra los actos de autoridad que resulten contrarios a Derecho”, enfatiza la solicitud presentada por los jueces.
El documento también hace referencia a los riesgos que se derivan de este recorte presupuestal. Entre ellos, se destaca la reducción en el número de personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales, lo que generaría altas cargas de trabajo y pondría en riesgo la calidad de la capacitación. Además, se señala la posibilidad de disminución en el equipamiento, medidas de seguridad y accesibilidad de los centros de votación, afectando a personas con discapacidad y limitando su participación.
Los jueces recalcan que algunos integrantes del Consejo General del INE ya han advertido sobre estas problemáticas, subrayando la necesidad de acción inmediata. En este contexto, los juzgadores exhortan al INE a agotar todas las acciones necesarias para garantizar las condiciones básicas de calidad en el proceso electoral. “El pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía” depende de estas medidas, enfatizaron.
La solicitud pone en evidencia los desafíos presupuestales que enfrenta el INE y su impacto potencial en la organización de una elección fundamental para el país. Mientras tanto, la presión recae sobre el Consejo General del INE para encontrar soluciones viables que eviten comprometer la calidad de este proceso electoral extraordinario.
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