El juez Beltrán Santés, indicó que la FGR trató de acreditar con supuestos y no con pruebas el riesgo de fuga del exdirectivo, mientras que la defensa acreditó que el imputado tiene más de 80 años, problemas de salud y su arraigo domiciliario.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez Enrique Beltrán Santés precisó que no dejó libre a Víctor Garcés Rojo exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul sino que le impuso la medida de prisión domiciliaria mediante el uso de un brazalete electrónico.
El juez Beltrán Santés, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, participó este lunes en la conferencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la que indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) trató de acreditar con supuestos y no con pruebas el riesgo de fuga del exdirectivo nunca acusado de delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos.
Mientras que la defensa acreditó que Garcés, quien tiene más de 80 años de edad, acreditó que tiene problemas de salud y que en los 40 años previos a su captura vivió en un domicilio de la Ciudad de México con lo que acreditó su arraigo domiciliario.
“Había varias cuestiones que la defensa sí se ocupó de atenderlas, pero la Fiscalía realmente, no. Y entonces determiné que esta persona continuará privada de la libertad, pero en su domicilio, tomando en consideración varios aspectos que me parecen relevantes.
“En primer lugar, bueno pues es un sujeto de 83 años de edad y dada su propia edad pues es claro que no goza de buena salud. Eso es normal en las personas de más de 80 años. Me demostraron debidamente que esta persona había vivido por más de 40 años en el domicilio al cual yo lo envié en este momento, sin embargo, a efecto de cerciorarme que permaneciera privado de la libertad en los términos que yo ordené no solamente le impuse esa medida cautelar”, detalló el juzgador.
El juez indicó que le impuso a Garcés la colocación de un brazalete electrónico, la exhibición de una garantía económica por 2.5 millones de pesos, la prohibición de acercarse a testigos y coimputados, así como para salir del país.
Añadió que, aunque la FGR le atribuyó a Garcés tres domicilios más para justificar su falta de arraigo la defensa acreditó que ninguno de esos inmuebles era de él pues uno pertenece a la mujer con la que estuvo casado toda su vida y los otros dos a sus hijas.
“La Fiscalía no me hizo ver que esta persona pudiera tener algún otro domicilio en otra entidad como para pensar que pudiera permanecer oculto tampoco se ocupó de sus afecciones de salud. Tuvo un año la Fiscalía para poder controvertir debidamente ese tópico relativo a la salud de Víctor ‘N’ y que se lo hizo ver la defensa desde hace un año y la Fiscalía no se ocupó de ello”, afirmó el juez.
Relató que en la audiencia en la que tomó esta determinación la FGR señaló que Garcés podía disponer de una cuenta de inversión de una empresa de la que se retiraron 138 millones de pesos, sin embargo, que los fiscales no presentaron datos de prueba y se limitaron a hacer suposiciones.
Mientras que la defensa acreditó que desde 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene congeladas todas sus cuentas bancarias.
“Había sido materialmente imposible que él fuera el sujeto que dispuso del dinero de la transacción que tanto hablaba la Fiscalía y hay un argumento que me llamó la atención dentro del debate y es que una de las agentes del Ministerio Público hizo una mera suposición y dijo ‘bueno, yo supongo que el señor, podemos suponer, que el señor tiene ese dinero’
“Sin embargo, pues no podemos resolver nosotros los juzgadores a base de suposiciones y le correspondía al Ministerio Público debidamente comprobar su pretensión si era el caso que este sujeto si querían que este sujeto continuará privado de la libertad en un centro carcelario”, refirió.
Este fin de semana la FGR informó que impugnará la decisión del juez al considerar que sustentó en valoraciones meramente subjetivas y que es contraria a la ley y absurda.