Blanca Diva Ponce Caro dejó su cargo en el Poder Judicial del Estado luego de ser exhibida como funcionaria partidista en Ciudad Obregón; el Supremo Tribunal de Justicia calificó el hecho como un caso aislado.
Los principios de imparcialidad y separación de funciones en la administración de justicia generaron una baja en el sistema judicial del noroeste del país. Blanca Diva Ponce Caro, quien había asumido el cargo de jueza oral penal del Circuito 2 en el estado de Sonora tras los comicios del año pasado, presentó su renuncia formal tras difundirse públicamente su filiación activa y su integración en las estructuras territoriales del partido oficialista Morena.
La dimisión se oficializó mediante una misiva con sello de recibido del pasado domingo 24 de mayo en los juzgados de Ciudad Obregón. En el documento, la ahora exjuzgadora expuso que su separación voluntaria tiene como finalidad el evitar interpretaciones o cuestionamientos derivados de su reciente participación en el activismo político, buscando conducirse con responsabilidad pública. De manera simultánea, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora emitió un boletín donde confirmó el relevo de Ponce Caro de sus funciones como secretaria de la sección 899, argumentando que su responsabilidad administrativa original le impedía desempeñar cargos partidistas.
Al respecto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego, se pronunció sobre la coyuntura señalando que se trata de un caso estrictamente aislado dentro del aparato judicial de la entidad. El magistrado presidente enfatizó que desde la emisión de las convocatorias oficiales se estipulan de forma clara las obligaciones y restricciones normativas que posee cada uno de los aspirantes a juzgadores o magistrados.
El marco normativo aplicable al caso se fundamenta en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el cual limita de forma taxativa las actividades externas de los servidores de la judicatura. Dicho ordenamiento constitucional prohíbe explícitamente a los jueces y magistrados en funciones desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión de la federación, gobiernos estatales, municipios o partidos políticos, con la única excepción de las tareas docentes o los cargos honoríficos en el ámbito científico o artístico.
Fuente: Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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