El Gobierno federal necesita dinero para cumplir con sus promesas y apoyar a Pemex en sus horas más difíciles y también prometió no subir más impuestos. ¿La solución? La economía digital.
Uno de los retos más grandes para la nueva administración es un simple juego de números. La Cuarta Transformación tiene que fondear programas sociales un tanto agresivos mientras le quita carga fiscal a Pemex, la compañía petrolera más endeudada del mundo que no ha logrado frenar la caída en su producción. Esto lo tiene que hacer sin la creación de nuevos impuestos para cumplir promesas de campaña y mantener niveles de aprobación. ¿Dónde puede el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador encontrar más dinero?
Parte de la respuesta está en la economía digital. México se ha vuelto un mercado importante para gigantes como Uber Technologies, Airbnb, Netflix y Amazon. En la Ciudad de México, un Uber llega en minutos, mientras que un paquete de Amazon puede tardar menos de 24 horas.
Mientras más mexicanos se enamoren de ventajas que ofrece esta revolución digital, las posibilidades de recolección tributaria van a ir creciendo.
Hay grandes obstáculos para fiscalizar a esta nueva economía, y no es una pregunta que solo México se hace. Las mentes fiscales más brillantes llevan años debatiendo cuestiones como, si alguien en México descarga una película de un servidor en Estados Unidos, ¿dónde se paga el impuesto sobre la renta? ¿A qué Gobierno pertenece ese ingreso? La respuesta no es sencilla.
Pláticas iniciales
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Política Tributaria dentro de la Secretaría de Hacienda comenzó un trabajo intenso para responderla, al menos en su faceta más sencilla.
El gobierno se sentó a negociar con algunos de los más grandes participantes, Uber y Airbnb, para iniciar un programa piloto de fiscalización voluntaria yendo atrás de lo más sencillo de gravar: el ISR y el IVA de aquellos que obtienen ingresos por medio de sus plataformas. Ahí no hay mucho que debatir. Un conductor de Uber en la capital genera ingresos por medio de una actividad económica en la ciudad; el impuesto a sus ganancias se paga en México.
Como lo reportó en exclusiva Bloomberg Businessweek México, en noviembre Uber aceptó el trato, mientras que Airbnb rechazó unirse. En su momento, una fuente cercana a las pláticas aseguró que, aunque las negociaciones se alargaron por más de un año, la compañía finalmente no quiso tener la obligación de remitir a las autoridades el RFC de sus usuarios, pero sigue interesada en dialogar para llegar, quizás, a otro tipo de acuerdos.
Lo más importante de este acercamiento inicial fue el camino que le dejó “planchado” al nuevo Gobierno. La semana pasada, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, anunció la formalización del acuerdo con ocho plataformas. Además de Uber y su filial Uber Eats, se sumaron Cabify, Rappi, Cornershop, Bolt y Beat.
El gran ausente: el gigante chino DiDi Chuxing. “Confirmamos que, por el momento, DiDi no realizará retenciones de impuestos y continuará analizando su participación en el programa después de conocer las implicaciones para socios conductores, tomando en cuenta sus opiniones”, Didi dijo a Bloomberg en respuesta a una solicitud de comentario. “Estamos en total cumplimiento a la regulación vigente y buscaremos trabajar en constante colaboración con el gobierno”.
Voluntario, por ahora
Herrera afirmó que todavía existe una ventana de tiempo para que otras compañías se unan al programa, que por ahora seguiría siendo voluntario. Sin embargo, el funcionario advirtió que aquellas que no lo hagan serán eventualmente consideradas parte de la economía informal.
Bajo el nuevo esquema, a partir del 1 de junio, las plataformas retendrán de sus conductores y repartidores entre 3 y 9 por ciento de ISR y 8 por ciento de IVA.
La tasa mínima de ISR es para aquellos que generen hasta 25 mil pesos mensuales. Como punto de comparación, un trabajador bajo esquema de nómina que gana 10 mil pesos mensuales paga alrededor de 9 por ciento de ISR antes de deducciones.
En un comunicado, Uber dijo que la medida no modificará la tasa de servicio.
“El diálogo y trabajo conjunto con las autoridades de México han sido prioritarios”, señaló Federico Ranero, Director General de Uber en el país. “Creemos que juntos podemos construir un mejor entorno para los ciudadanos, basado en la innovación y la colaboración”.
Uber está apostando a que sus conductores y repartidores estén de acuerdo con el programa debido a que lejos de significar un impuesto nuevo, lo único que estará haciendo la compañía será retener lo que ya deberían estar pagando, incluso menos, debido a que las tasas son preferenciales.
La colaboración también les permitirá afiliarse como trabajadores independientes al régimen voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obtener los beneficios relacionados con dicho régimen, dijo Uber.
Eso asume que todos los conductores y repartidores estaban declarando esos ingresos, algo difícil de creer en un país como México.
“Para ser completamente honesto, yo la verdad nada más manejo y de los impuestos no estoy seguro si se paguen o no”, dijo Luis Manuel, un conductor de Uber que en días recientes se enteró de los cambios fiscales.
“Se supone que estamos dados de alta en Hacienda, pero no sé si el dueño del carro pague algo, de mi lado no he pagado nada”.
Luis Manuel ha sido conductor de Uber casi dos años, tiempo en el cual la empresa jamás le ha informado acerca de su situación fiscal ni pedido que pague algún impuesto. Los propietarios de los vehículos viven algo similar.
“Uber me depositaba cada lunes mi dinero, pero nunca te decían nada sobre impuestos, al menos a mí no, ni siquiera cuando me di de alta con ellos”, explicó Roberto, quien tenía dos autos registrados en la plataforma. “Nunca pagué impuestos de Uber, pagaba de mi trabajo regular, pero específicamente del servicio que daban los autos en la aplicación, nunca”.
Detalló que para evitar pagar impuestos por las actividades de sus choferes, los dio de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal, que otorga una exención total de impuestos en el primer año en ese esquema y luego una tasa reducida de ISR por los siguientes 9 años. Así, su carga fiscal mientras estuvo con Uber fue prácticamente cero.
Tanto Luis Manuel como Roberto solicitaron no dar a conocer sus apellidos por miedo a problemas con el fisco.
Pésima recaudación
Para el Gobierno de López Obrador, el esquema significará una probada de lo que puede llegar a recaudar de estas compañías. Y lo necesita. Los ingresos adicionales que trajo la reforma fiscal de 2013 comienzan a estancarse, por lo que se requieren nuevas vías de ingresos y, en México, el nivel de recaudación es el peor entre los miembros de la OCDE, debido a que gran parte de su economía sigue siendo informal. Tan solo en América Latina, es de los países que menos recauda impuestos medidos como porcentaje del PIB.
Experiencia Internacional
En la OCDE, el asunto de cómo fiscalizar a estas compañías se lleva estudiando desde al menos 2017. En un reporte el año pasado, la organización señaló que llegar a un consenso mundial sobre la mejor manera de gravar a estas compañías será complicado. Por ello, recomendó que cada país o región adopte sus propias medidas temporales.
Por ahora, Francia parece estar llevando la delantera en el asunto. Actualmente, el Senado debate una propuesta que, de ser aprobada, gravaría con al menos 3 por ciento el ingreso de las compañías digitales que generen al menos 750 millones de euros anuales a nivel global y 25 millones de euros a nivel nacional. Italia, Reino Unido y España están en procesos similares, pero con más retrasos que Francia.
En México aún es muy pronto para estimar cuánto podría recaudar el SAT con el nuevo programa, afirmó Herrera en la presentación del mismo. Pero la economía digital en su totalidad representa alrededor del 5 por ciento del PIB, según el subsecretario, dando una idea de qué tan grande puede ser este nuevo pastel tributario.
Según cálculos de El Financiero, el SAT tiene el potencial de recaudar hasta 2 mil 200 millones de pesos al mes, considerando un universo de 800 mil conductores que ganen hasta 25 mil pesos mensuales. La jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, indicó que tienen identificados a 800 mil usuarios de esas plataformas, lo que El Financiero está traduciendo a prestadores de servicios.
Problemas en Pemex
Para nadie es secreto que Pemex sufre de una fuerte carga fiscal. Además de pagar los impuestos sobre la renta que paga cualquier empresa en el país, la empresa estatal está obligada a transferir una especie de dividendo al Estado por 65 por ciento de sus ganancias operativas encima de las regalías correspondientes a la explotación o exploración de pozos.
Tan solo este año, la administración de López Obrador está prometiendo el equivalente a más de 5 mil millones de dólares en descuentos fiscales y otros apoyos para aumentar la liquidez de Pemex. Pero el yugo tributario es solo uno de sus problemas. La corrupción y el robo de combustible son líos históricos que mantienen importantes fugas de capital en el tanque que Hacienda aspira llenar redirigiendo recursos.
Por si todo esto no fuera suficiente, Pemex enfrenta otro gran reto: una continua caída en su producción. Ya son casi 15 años consecutivos en los que las metas no se cumplen y al contrario, siguen cayendo.
Menos crudo significa menos exportaciones, menos ventas, y claro, menos impuestos, sin importar cuántas deducciones se le ofrezcan.
No se puede exagerar la dificultad del balance que anhela el gobierno. Aumentar inversiones en Pemex, bajar la deuda, eliminar su vulnerabilidad a robos, reducir la nómina, construir y operar una séptima refinería, reparar las otras seis. Todo apoyado de descuentos a sus impuestos que en teoría aumentarían la producción para compensar las menores tasas fiscales. Mientras eso suceda, el gobierno tendrá que apretarse el cinturón (aún más) y encontrar nuevas fuentes de ingresos. Herrera y su equipo tienen claro dónde los buscarán.
Siguientes Pasos
Dentro del todo que es la economía digital, diferentes sectores representan varias oportunidades. El acuerdo anunciado se enfoca solo en los ingresos de los “colaboradores” de estas plataformas (estas compañías son muy cuidadosas y evitan a toda costa llamarlos empleados). Pero, ¿qué hay de los ingresos de las compañías? ¿O del IVA de una membresía de Amazon Prime?
El Gobierno lo está pensando. Herrera dijo que también están en pláticas con Airbnb, Netflix, Spotify. Lo más lógico sería que con estos dos últimos, el paso a seguir fuera captar el IVA de las membresías que miles de usuarios pagan mensual o anualmente. Lo que no queda claro es si las compañías absorberían el costo o si ocasionaría un incremento en sus precios.
Con Facebook, el Gobierno analiza fiscalizar a los anunciantes, dijo Herrera.