El gobierno de Andrés Manuel López Obrador padece una amnesia selectiva que protege a tres altos funcionarios ligados a Genaro García Luna, pese a que hay una orden presidencial y un oficio que solicita la suspensión inmediata de cualquier personaje vinculado con quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón.
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Documentos consultados por Proceso indican que esos funcionarios trabajaron de manera directa con García Luna, pero actualmente continúan laborando en la ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), instancia responsable de operar las cárceles federales.
La permanencia de los mandos vinculados directamente con García Luna contradice las denuncias públicas de López Obrador sobre una supuesta “amnesia” de los medios mexicanos para abordar el juicio por tráfico de drogas que enfrenta el exsecretario federal en Estados Unidos.
“Los opositores nuestros ya olvidaron la historia, tienen como amnesia, y esto también se ve en los medios. No hay análisis de lo que pasaba antes, eso no se habla. Antier comentaba yo de la detención de Genaro García Luna, pero aquí no se trata el tema, está vedado”, lamentó López Obrador el 22 de abril.
Salvados “de facto”
La encargada interina de la Secretaría General de la Policía Federal, María Cecilia Hernández Galván, es una de las principales subordinadas que ha sobrevivido a la purga ordenada por el presidente.
La hoy comisaria fungió como directora general de Programación, Organización y Presupuesto de la SSP entre 2007 y 2013, es decir, durante el mandato de García Luna en esa dependencia.
Además, en el OADPRS continúan laborando otros dos mandos ligados de manera directa con el ahora detenido en Estados Unidos: su exasesor Rodrigo Alcántara Fernández y Arnoldo Avilés Gómez, exdirector de Formación y Profesionalización de la Policía Federal.
Actualmente Alcántara es director general de Administración de los penales federales y Avilés Gómez es el director de Adquisiciones, Materiales y Servicios Generales en el mismo órgano desconcentrado.
Las contrataciones de ambos fueron avaladas por el actual comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, funcionario cercano al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
El caso de Avilés ya había sido documentado por Proceso el 5 de abril pasado, pero hasta el momento sus superiores jerárquicos no han emitido ninguna comunicación para informar sobre un cambio de su situación laboral.
Designada por Durazo
Hernández Galván fue designada directamente por el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC), Alfonso Durazo, quien paradójicamente emitió una circular el pasado 25 de marzo en la que pide a los titulares de otras dependencias suspender a cualquier funcionario en activo que haya tenido vínculos con Genaro García Luna.
De acuerdo con el portal de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, Hernández Galván era una de las principales colaboradoras de Sergio Montaño Fernández, exoficial mayor de la SSP señalado por derrochar más de 3 mil millones de pesos en los últimos seis meses de la gestión de García Luna (Proceso 1903).
La comisaria trabajó con Montaño desde que éste fungió como director general de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda en mayo de 2005.
Hernández Galván trabajaba en Hacienda desde 1991 –primero como directora y después como directora general adjunta–, y tras coincidir con Montaño en 2005 se unió a su equipo y a partir de enero de 2007 se incorporó a la SSP.
Durante los seis años de la administración calderonista fue directora general de Programación, Organización y Presupuesto de la SSP, cargo que ocupó hasta febrero de 2013. Su principal función era administrar el presupuesto de la dependencia que dirigía García Luna, pero bajo la supervisión de Montaño.
Desaparecida la SSP, fue colocada en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, donde fue directora general de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa hasta junio de 2014.
En julio de ese año fue nombrada jefa de la Unidad de Servicios y Formación Policial de la recién creada Comisión Nacional de Seguridad, puesto que desempeñó hasta noviembre de 2018.
En el arranque del sexenio de López Obrador fue nombrada directora general de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su jefe directo es Durazo.
A partir de julio de 2019, con la anuencia del propio Durazo, fue designada encargada interina de la Secretaría General de la Policía Federal, pese a los seis años que trabajó de manera estrecha con el exoficial mayor de García Luna.
Además de ser el responsable de todas las contrataciones que se realizaron durante la gestión de García Luna como titular de la SSP entre 2007 y 2012, Montaño fue uno de los hombres más fieles al jefe policiaco.
Incluso, el 14 de noviembre de 2012, 15 días antes de que García Luna concluyera su gestión, el exoficial mayor organizó una ceremonia especial para premiar a su jefe por cumplir 25 años de servicio en la administración pública federal.
El poderoso exoficial mayor no volvió a ocupar un cargo público tras concluida la gestión de Calderón.
Reciclados
Alcántara Fernández es otro funcionario transexenal, de acuerdo con el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública.
Egresado de las universidades Autónoma de San Luis Potosí y de Essex, en Inglaterra, ingresó en agosto de 2007 a la SSP como director general adjunto, pero su función principal era asesorar a García Luna.
Desde la Coordinación de Asesores del secretario de Seguridad, fungió como consejero hasta marzo de 2009.
Según su perfil en LinkedIn, sus funciones principales eran el desarrollo de proyectos de investigación sobre seguridad y la elaboración de los discursos de García Luna.
Entre abril de 2009 y mayo de 2011, todavía como director general adjunto de la extinta SSP, se volvió asesor de García Luna en materia de contratación y adquisición de bienes y servicios, además de administrar el pago a contratistas en áreas como transporte, limpieza, mantenimiento y servicios de fumigación.
En mayo de 2011 se incorporó a la Policía Federal, primero como director general adjunto –con la consigna de supervisar la aplicación de la Iniciativa Mérida– y luego como director general de Recursos Materiales, cargo que ocupó entre julio de 2012 y enero de 2013.
Como Hernández Galván, Alcántara Fernández se mantuvo con García Luna durante todo el sexenio de Calderón.
En la gestión de Peña Nieto, Alcántara ocupó cuatro cargos distintos: director de Adquisiciones de la SEP, director jurídico de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, director general adjunto de Análisis de la Presidencia y, finalmente, administrador general de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria.
Su suerte no amainó con el gobierno de López Obrador; por el contrario, durante un año y cuatro meses fungió como director general adjunto de la Secretaría de Gobernación, donde hizo el contacto con José Ángel Ávila, para luego asumir como director general de Administración de los Penales Federales.
Pese al oficio firmado por Durazo el 25 de marzo último, Alcántara Fernández se mantiene inamovible en la estructura del OADPRS, otro caso de amnesia selectiva del actual gobierno federal.