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GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro y a los alcaldes de los 125 municipios para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los policías en la entidad.
De acuerdo con el organismo, en siete meses de la gestión de Alfaro se han registrado 37 agresiones contra uniformados, en las que 25 elementos perdieron la vida. Algunos de esos ataques, dijo, “se han realizado de forma cruel, como el ocurrido el 21 de junio pasado, cuando un policía, en su día de descanso, fue asesinado en su domicilio y frente a su familia”.
Y destacó que también se han dado casos de privación de la libertad y desapariciones.
La CEDHJ dio a conocer que de 2018 a la fecha se han integrado seis actas de investigación en relación con las condiciones laborales de los uniformados, en las que “se identifican patrones de carencia en equipamiento, capacitación y falta de garantías a los derechos de seguridad social, así como salario y prestaciones suficientes”.
Esto afecta “las actividades de estos grupos y hace previsible el incremento de agresiones contra servidores públicos”, apuntó.
De igual manera, recalcó que la seguridad “no es posible”, si a los policías no se les respetan sus derechos humanos ni cuentan con las condiciones mínimas para realizar su trabajo.
Incluso resaltó que las prestaciones laborales de los uniformados en Jalisco son dispares, ya que en la mayoría de los municipios no les brindan seguridad social y los sueldos son bajos, aunado a la falta de protocolos de seguridad para los elementos y sus familias.
Bajo esta premisa, la CEDHJ emitió 10 peticiones a Enrique Alfaro, así como a los alcaldes de los 125 municipios, y una de ellas es la protección a los policías y sus familias, en especial para quienes sufran amenazas o agresiones, o que participaron en casos relacionados con la delincuencia organizada o hubiesen detenido a uno de sus integrantes.
Además, seguro de vida para los policías, pago oportuno a los familiares en caso de fallecimiento en el cumplimiento de su deber, ayuda psicológica y jurídica, seguro social, mejor equipamiento y prestaciones, y un sueldo digno.
Al Congreso local, la CEDHJ pidió modificar las legislaciones y se incluyan los procedimientos, protocolos y directrices “que deben seguirse frente a las amenazas y agresiones que sufren las y los policías, determinando con claridad las medidas y acciones que deban emplearse para garantizar su seguridad e integridad personal y de sus familias”.
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