La Ley de Seguridad “abre la puerta para que militares espíen a la ciudadanía”: R3D

*Al aprobar la Ley de Seguridad Interior, los diputados abrieron la puerta a que los militares espíen…

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al aprobar la Ley de Seguridad Interior, los diputados abrieron la puerta a que los militares espíen a los ciudadanos, “sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas”, alertó hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La organización subrayó algunas ambigüedades del texto de la ley, mismo que proporciona facultades a las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) para “desarrollar actividades de inteligencia”, incluyendo la “recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información”, y ello a través de “cualquier método lícito de recolección de información”.

Estas facultades, abundó R3D, representan un “serio riesgo de abuso, una situación que no resultaría extraña en el contexto actual de vigilancia sistemática del Estado mexicano y el historial de abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”.

A lo largo de los últimos años se sumaron las evidencias de que los militares intervienen las comunicaciones de los mexicanos de manera ilegal.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, la Sedena adquirió un centro de espionaje por 5 mil millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices, propiedad del contratista mexicano José Susumo Azano Mitsura.

En 2015, la empresa italiana Hacking Team, que desarrolla el software espía llamado Galileo, estableció contactos en la Sedena y la Semar para venderles su programa.

Los documentos internos de la empresa, publicados por Wikileaks, indicaron que la Sedena había adquirido el programa Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group, y que fue utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.

En su informe “Estado de vigilancia: fuera de control”, publicado hace un año, R3D recordó que ni la Sedena ni los gobiernos estatales que contrataron a Hacking Team tenían facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas.