“La obra del siglo” en Nayarit, abandonada por Peña, Videgaray, el gobernador…

*Una de las mayores promesas del gobierno de Roberto Sandoval a los campesinos nayaritas fue la construcción del Canal Centenario con respaldo federal, a fin de que sus parcelas rindieran el doble y ellos se convirtieran en “empresarios agrícolas”. Sin embargo, el grandioso plan se fue apagando en cada una de sus etapas, y a la hora de construir el presupuesto sólo alcanzó para que el Grupo Tradeco avanzara el 11% a cambio de más de 48 millones de pesos…

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Canal Centenario iba a ser la gran obra del siglo en materia de infraestructura en Nayarit: 58 kilómetros del canal central y 319 kilómetros de los secundarios que regarían 43 mil hectáreas de tierra agrícola en beneficio de cuatro municipios.

La propaganda del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda señaló que esa obra “cambiará la pobreza por la riqueza”, pues convertirá a los campesinos nayaritas en “verdaderos empresarios agrícolas” y de la tierra saldrían “hasta dos cosechas por año”.

Debía entrar en operación a finales de 2017. Pero a escasos siete meses de que se cumpla ese plazo, la construcción se encuentra abandonada con un avance de sólo 10.97%.

Una investigación realizada por la Alianza Méxicoleaks –de la cual Proceso forma parte– revela que la administración de Enrique Peña Nieto escamoteó los recursos para esta obra: de los 7 mil 574 millones de pesos prometidos para su construcción, apenas entregó la sexta parte.

Luego, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pagó con retraso a las empresas contratistas, llevó a cabo los procesos de licitación pública de manera discrecional y otorgó un contrato a una filial del polémico Grupo Tradeco –que enfrenta juicios y sanciones por incumplimientos y fraudes–, la cual abandonó las obras en mayo de 2016.

El gobierno de Nayarit, por su parte, tuvo que rehacer tres veces la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y se demoró en tramitar los cambios de uso de suelo.

A sólo 10 días de que se lleven a cabo las elecciones estatales en Nayarit, programadas para el 4 de junio, el gobierno de la entidad ya no presume la obra como un gran logro e incluso se deslinda del proyecto: el pasado jueves 25, Lule Ricardo Guzmán, director de Comunicación Social de Sandoval Castañeda, no atendió una solicitud de entrevista e insistió en que el Canal Centenario es “obra 100% federal, de Conagua”.

Los avances…
Los avances…
Al cierre de esta edición, Conagua aún revisaba un cuestionario sobre las irregularidades en la realización de las obras.

Hugo Villagrán Bernal, quien elaboró el documento técnico de la construcción del Canal Centenario y administró durante tres años el proyecto como delegado de la Conagua en Nayarit –cargo que ejerció entre marzo de 2013 y junio de 2016–, aseveró por su parte que “le perdió la pista” al canal y sostuvo que no le “tocó” ejecutar la obra.

Villagrán, quien aspira a una diputación por el PRI en el XVI distrito de Nayarit, dijo al reportero en entrevista telefónica: “Yo no sé si va a usar esta información para perjudicarme”.

Los aplausos…

De gira en Nayarit el 4 de noviembre de 2013, el presidente Peña Nieto realizó un mitin. Ataviado con una camisa rayada y un sombrero texano, el mandatario anunció la construcción del Canal Centenario, que aportaría bonanza económica a miles de agricultores de la región. Alentada por el gobernador Sandoval, la audiencia recibió la noticia con un trueno de aplausos.

El canal principal de 58.63 kilómetros y los secundarios de 319 atravesarían los municipios de Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago Ixcuintla, regando 43 mil 105 hectáreas con agua desviada del río Santiago y retenida en la presa Amado Nervo El Jileño.

Para ello, el gobierno federal planeó un ambicioso programa presupuestario de 7 mil 574 millones de pesos, repartidos entre 2014 y 2017: mil 825 millones de pesos se destinarían a la ampliación del canal principal, 3 mil millones de pesos servirían para excavar los canales segundarios, otros mil 324 millones de pesos se emplearían para el sistema de drenaje y el resto se invertiría en caminos.

El 7 de julio de 2014 Sandoval firmó un convenio de coordinación con la Conagua, entonces a cargo de David Korenfeld Federman, y el 22 de ese mes el gobernador priista dio el banderazo de inicio de la obra.

En el plan inicial, la primera etapa, consistente en la sobreelevación de la presa derivadora Amado Nervo y la construcción del canal principal, debía concluirse en diciembre de 2015, mientras los canales secundarios y de riego, así como el sistema de drenaje, entrarían en operación a mediados de 2017.

En realidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asignó, a cuentagotas, mil 243 millones de pesos para el proyecto –la sexta parte de lo previsto– y la Conagua pospuso dos veces la fecha de conclusión de las obras de la primera etapa, hasta fijarla para mayo de 2016.

En octubre de 2015, durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, mencionó el Canal Centenario entre los grandes proyectos de infraestructura que lanzó la administración de Peña Nieto e insistió en que “las obras están ahí y se están construyendo, pero son obras que están en proceso, como es natural, cuando se trata precisamente de obras de gran calado”.

El abandono de la obra

Mientras Videgaray alababa los logros de la administración peñanietista, los problemas se multiplicaban en Nayarit.

En lugar de adjudicar la obra a una sola empresa, la Conagua segmentó el canal principal en cinco tramos y elaboró un contrato por cada uno, que sometió a procesos de licitación pública.

En noviembre de 2014 la dependencia otorgó el contrato del tercer tramo del canal, que abarca los kilómetros 20 a 28 y atraviesa los municipios de Santiago Ixcuincla y Ruiz, a la empresa Innovaciones Técnicas en Cimentación (Itecsa), en asociación con la empresa Urba Infraestructura. El monto del contrato fue de 173 millones de pesos.

Itecsa es una filial del polémico Grupo Tradeco, una de las constructoras más beneficiadas con contratos de obra pública por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex durante las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Según la bitácora de obras del Canal Centenario, elaborada por la Conagua, Itecsa se retrasó en múltiples ocasiones y parte del dinero que obtuvo de la dependencia no lo utilizó en la obra. El 22 de febrero abandonó los trabajos, lo que detonó una serie de quejas de la Conagua.

El 15 de abril, por ejemplo, ésta deploró que la obra se encontrara “en total abandono sin actividad (sic), sin manifestar avance físico alguno” pese a que ya se le habían pagado más de 48 millones de pesos. La empresa dejó en el lugar dos excavadoras, un tractor y dos retroexcavadoras.

La dependencia no puede alegar que ignoraba los antecedentes de esta compañía: en la última década Tradeco ha enfrentado decenas de juicios y demandas laborales en México, Estados Unidos y Nicaragua por incumplimientos de contratos, retrasos en obras y faltas de pago a proveedores.

El pasado 5 de septiembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Tradeco Infraestructura –su filial principal– para participar en licitaciones públicas hasta marzo de 2019, lo que frustró sus pretensiones de ganar licitaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Su vicepresidente y cofundador, Sergio Toscano del Olmo, incluso pasó dos días en la cárcel en diciembre pasado acusado de un fraude de 2.2 millones de pesos en agravio de Teccisma, otra empresa del sector de la construcción.

Consultado para este reportaje, Grupo Tradeco se deslindó de cualquier irregularidad en la construcción del canal. Por teléfono una vocera de la firma aseveró: “Nosotros no abandonamos obras”. Y aconsejó que se buscaran las explicaciones con “el dueño de la obra, que es Conagua”.

En un correo posterior, la misma vocera dijo que “se otorgó una terminación anticipada del contrato, (pero) no por incumplimiento”. Y añadió: “No había las condiciones adecuadas para la continuación del proyecto por parte nuestra”.

El contrato para la construcción de los kilómetros 13 a 20 del canal fue otorgado a la trasnacional de origen español Acciona, junto a Tomsa Construcciones y Constructora Virgo. La primera tiene una fuerte presencia en México. Uno de los miembros del consejo de administración de Acciona es el financiero Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En la última nota que la Conagua integró a la bitácora de la obra (la número 754, fechada el 31 de julio de 2016), indicó que la construcción del consorcio integrado por Acciona seguía en curso, pese a que el trabajo debía concluir dos meses antes.

La empresa no quiso hacer comentarios sobre el retraso. Alegó que se encontraba imposibilitada para dar información debido a una cláusula de confidencialidad en el contrato.

Otros dos contratos, para la elevación de la presa y los primeros 13 kilómetros, fueron otorgados a la jalisciense Supercate y a Operadora de Contratos Internacionales, que ya realizaron las obras correspondientes.

Licitaciones opacas

El año pasado, al revisar los contratos del Canal Centenario en la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se percató de que la Conagua aplicó criterios discrecionales en los procesos de licitación, en particular el que ganó Itecsa.

Observó que la dependencia aceptó la propuesta económica de la filial de Grupo Tradeco a pesar de que era claramente “insolvente”, pues el monto ofertado era inferior en 46% al presupuesto que la propia dependencia había evaluado en su proyecto ejecutivo.

El órgano fiscalizador también descubrió que la propuesta de Itecsa incluía precios hasta 388% inferiores a los que propuso Acciona en la licitación que ganó; es decir, Conagua otorgó a cada empresa contratos con una abismal diferencia de costos para realizar trabajos idénticos. La ASF pidió a la Conagua una explicación al respecto.

Y no sólo esto: los fallos de las licitaciones muestran que en otra licitación del Canal Centenario la Conagua descartó una propuesta de Itecsa porque consideró que la empresa no contaba con la experiencia suficiente en materia de “revestimiento de concreto en canales para un área hidráulica igual o superior a 15 metros cuadrados”.

Esto no hace sentido: en la licitación que ganó Itecsa, la Conagua aplicó supuestamente los mismos criterios y exigencias en materia de experiencia. El detalle no escapó a los expertos de la ASF, la cual pidió de nuevo un esclarecimiento a la dependencia.

La Conagua trató de justificar las observaciones mediante memorandos redactados en jerga técnica, pero éstos no convencieron a la ASF: el órgano fiscalizador confirmó sus observaciones y los pasados 26 y 27 de septiembre la Conagua se vio obligada a iniciar investigaciones internas “a fin de determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa”.