Relatores Especiales de Naciones Unidas solicitaron al gobierno mexicano “información sobre el contexto de descrédito de los periodistas por parte del Presidente, en particular en el marco de sus conferencias matutinas”.
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GINEBRA (apro).- Expertos de la ONU pidieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador información detallada sobre los asesinatos de periodistas en 2022 así como ofrecer explicaciones sobre el descrédito a periodistas en el marco de las conferencias matutinas, a lo que la 4T respondió a medias.
En una carta enviada el 17 de octubre de 2022 por Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, urgen al gobierno a contestar de manera detallada y exhaustiva a sus preguntas sobre los asesinatos a periodistas en el contexto de violencia que se vive en el país.
“Quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con los asesinatos de numerosos periodistas que podrían estar relacionados con su actividad periodística desde el principio del año vigente’’, cita el documento al que tuvo acceso Proceso.
“Estos asesinatos se enmarcan en un contexto sumamente preocupante para los periodistas en México. Durante el año 2021, se registraron al menos ocho asesinatos y dos desapariciones de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con la actividad periodística y las condiciones en las que la ejercen’’, observa.
Los expertos piden información detallada sobre el estado actual de las investigaciones llevadas a cabo sobre los asesinatos de Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Heber López Vásquez, Armando Linares López, Yessenia Mollinedo Falconi, Luis Enrique Ramírez Ramos y Antonio de la Cruz, “considerando la debida diligencia para llevar a cabo una investigación acorde con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, es decir, independiente, completa, exhaustiva e imparcial, con el fin de aclarar los hechos e identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley, y asegurar una reparación adecuada para las víctimas’’.
Sobre este punto, el 13 de diciembre de 2022 la cancillería respondió de manera somera sobre el estado actual de las investigaciones de los asesinatos de Antonio de la Cruz, Luis Enrique Ramírez Ramos, Armando López Linares y Heber López Vázquez.
Por otra parte, los Relatores Especiales solicitaron a Palacio Nacional “información sobre el contexto de descrédito de los periodistas por parte del Presidente, en particular en el marco de sus conferencias matutinas y, en qué sentido estos comentarios permiten cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por México, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos’’.
En este sentido, el gobierno de México descartó responder.
En cuanto a la solicitud de proporcionar “información detallada y concreta sobre los mecanismos puestos en marcha por el gobierno mexicano para proteger el libre ejercicio del periodismo en México, así como sobre su eficiencia y mejora’’. La cancillería destacó que “ en el presente año se ha intensificado una serie de diálogos a lo largo del país para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección y la creación de una ley general de prevención y protección ante agresiones de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de recoger las propuestas, necesidades y demandas de dichos sectores de la población, para generar mejores prácticas en la actual política pública y un nuevo marco normativo en la materia que permita definir competencias y establecer obligaciones específicas para las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), en materia de prevención y protección ante agresiones, siendo el caso que, en lo que va del año, se han llevado a cabo más de trece reuniones de esta naturaleza en diversas entidades federativas y se tienen programadas otras en las próximas semanas’’.
En cuanto a la cuestión de la impunidad, “también queremos hacer referencia a la necesidad de reforzar las medidas de investigación, incluyendo la ampliación del alcance de las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, para considerar el contexto en que ocurrieron, los patrones que explican su comisión, y su posible vinculación con la actividad periodística’’, recalca el documento cuestión a la que la cancillería no respondió.
En relación con las alegaciones arriba mencionadas, los expertos envían al gobierno de López Obrador un anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.
A pesar de que los expertos piden informes sobre siete periodistas, y que el gobierno respondió hasta el 13 de diciembre solamente sobre cuatro comunicadores, la 4T no tuvo a bien incluir los nombres o la situación de los otros ocho periodistas privados de la vida por su labor periodística en el resto del mismo año y después de haber recibido la comunicación urgente de la ONU.
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