Un Tribunal Colegiado de Colima solicitó a la SCJN determinar qué órgano revisará los recursos de revisión del gobierno, pues el INE los envió al Tribunal Electoral y otras autoridades acudieron a tribunales.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si las impugnaciones presentadas por el gobierno federal contra las suspensiones que han sido concedidas para frenar la reforma judicial son de índole electoral o jurisdiccional.
El pasado 14 de octubre, la Corte admitió a trámite una solicitud presentada por los magistrados del Tribunal Colegiado del estado de Colima en la que pidieron a los ministros que determinen qué órgano jurisdiccional será el competente para conocer de los recursos de revisión y de queja relacionados con suspensiones provisionales y definitivas que han sido concedidas por los juzgados de Distrito para frenar tanto el proceso de reforma judicial como su ejecución.
Esto, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocar las suspensiones, mientras que otras autoridades del gobierno federal han llevado sus recursos a tribunales colegiados.
La Corte solicitó al Colegiado de Colima y a la Sala Superior del TEPJF que rindan informes y exhiban documentos sobre las impugnaciones contra las suspensiones que ordenan frenar la reforma judicial.
“Se turna el presente asunto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, conforme al turno por decanato que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos, a fin de que formule el proyecto de resolución y dé cuenta con éste al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala el acuerdo publicado por la SCJN.
Desde septiembre pasado, jueces, magistrados y ciudadanos han tramitado diversos amparos contra el proceso de reforma judicial.
Aunque los jueces de Distrito concedieron suspensiones para que el dictamen de reforma no fuera aprobado, ninguna autoridad hizo caso.
Incluso, hubo jueces que ordenaron al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y al INE no iniciar el proceso de elección de jueces y magistrados, lo que no ocurrió.