José Ramón Cossío advirtió que la Suprema Corte puede aplicar sanciones a funcionarios que no acaten la sentencia, si se aprueba el proyecto del ministro Luis González Alcántara.
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“Los diputados, senadores, la presidenta de la república (Claudia Sheinbaum) podrían ser destituidos si no acatan la resolución de la Corte”, advirtió este miércoles el ministro en retiro, José Ramón Cossío en caso de desacato del proyecto del ministro Luis González Alcántara Carrancá que busca invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial.
En entrevista para Grupo Fórmula, Ramón Cossío explicó qué, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vote a favor de invalidar parcialmente la reforma y la presidenta decida no acatar la resolución, los ministros podrían destituir y someter a proceso a la presidenta y a otros funcionarios que tampoco acaten la sentencia.
“Con base en la fracción 16, del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia, en este caso el Ejecutivo y al Legislativo”, dijo.
Asimismo, explicó que la destitución de Claudia Sheinbaum no pasaría a votación por el Congreso de la Unión, al ser una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que no tiene que pasar por Cámara, ni por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio, el ejercicio de la acción penal de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante el juez de Distrito a las personas que consideren que están en rebeldía del cumplimiento de la sentencia para que el juez ya nada más les aplique la pena por el delito en contra de la administración de justicia”, comentó.
Sin embargo, Cossío agregó que caso de que los ministros de la Corte determinen destituir a la mandataria, los diputados y senadores podrían abrir un juicio político contra los ministros que hayan votado a favor de la destitución de la exjefa de Gobierno.
“Lo que estamos viendo es una escalada, cada una de las dos partes está doblando sus apuestas, lo cual es peligrosísimo, se está empezando a utilizar un lenguaje bélico (…) creo que es muy peligroso que ambas partes estén pensando en sacar la reforma o detener la reforma constituye un triunfo”, expresó.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el próximo martes 5 de noviembre se discutirá el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá.
¿Qué propone el ministro Alcántara Carrancá sobre la reforma judicial?
El ministro de la Suprema Corte de México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó el pasado lunes 28 de octubre un proyecto de resolución que busca invalidar la elección de jueces por voto popular, entre otros puntos polémicos de la reforma al Poder Judicial, como la figura de los “jueces sin rostro”.
El proyecto plantea la anulación de la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, al considerar que “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”.
Según el documento, no se ofrece certeza sobre los requisitos que los aspirantes deben cumplir para ser incluidos en las listas de votación, ni claridad respecto a los espacios y contenidos que podrían ser utilizados como promesas de campañas.
Asimismo, argumenta que no hay seguridad “para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”.
“En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, sostiene el proyecto.
Al respecto, consideró que la elección y sus procesos “corrompen los fundamentos” de una nación representativa y democrática.
No obstante, no se pronuncia respecto a la elección popular de los ministros de la SCJN, ni de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial, por considerar que la Corte debe hacer “un ejercicio de autocontención” ante la crisis constitucional en curso.