Pese a existir una sentencia condena contra el agresor sexual de una niña de cuatro años, la familia del imputado encabeza una campaña de difamación y filtración de contenido íntimo en redes sociales, mientras la Fiscalía estatal reconoce falta de capacitación para aplicar la legislación vigente de Ley Olimpia
La falta de capacitación institucional y el desconocimiento de los protocolos de actuación para aplicar la Ley Olimpia mantienen en el desamparo a Paloma Angélica Sarabia Lugo y a su hija de cuatro años en Mérida, Yucatán. A pesar de que la legislación contra la violencia digital se encuentra aprobada en las 32 entidades federativas del país desde el 27 de octubre de 2022, agentes del Ministerio Público especializados en delitos contra menores en la capital yucateca admitieron abiertamente no saber cómo proceder ni tener experiencia en la materia para investigar la difusión no consentida de imágenes, videos y datos personales.
El caso tiene origen en el proceso penal instruido bajo la carpeta 293/2024 (posteriormente 192/2024), donde Gabriel Alejandro Ku Chi fue detenido el 17 de junio de 2024 y sentenciado el 12 de septiembre de 2025 por la jueza Yaneth del Rocío Rodríguez Tilán a 23 años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso sexual equiparado agravado en perjuicio de la menor. La pena fue reducida en apelación a 17 años de prisión mediante la toca penal 210/2025. Los hechos comenzaron a manifestarse cuando la niña tenía apenas un año y medio de edad, presentando infecciones recurrentes, secuelas físicas e ITS comprobadas mediante exámenes médicos y periciales.
A raíz del fallo condenatorio, la madre y la menor han enfrentado una embestida sistemática por parte de agrupaciones de la denominada «machósfera», tales como «Soy papá no criminal» y «Todo por ti, A.C.», coordinadas con la familia directa del sentenciado, entre quienes se señala a su madre Marlene Chi Nájera, su esposa Jennifer Sansores Leal, sus hermanos Ricardo y Ary Ku, su tía Nancy Chi y su cuñada Fátima Durán Suárez. Asimismo, se señala la participación de operadores digitales de cuentas como «La Vida Bella», «Ale Solís», «Red Igualitaria MX» y dirigentes de agrupaciones locales.
A través de plataformas digitales y protestas públicas, los señalados han divulgado fotografías, nombres, extractos de video de las audiencias judiciales privadas desarrolladas en la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (Sapcov), vulnerando el interés superior de la niñez y la intimidad de la víctima.
A pesar de las denuncias formales presentadas por la madre para frenar el acoso (carpetas FGE/NNA71601/2025 por la menor y FGE/NORTE/UNADAT/5613/2025 a título personal), las autoridades investigadoras de la Agencia 29 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán han sido omisas en la integración de los expedientes, justificando la inacción bajo el argumento de que las publicaciones se amparan en la libertad de expresión. A nivel nacional, las estadísticas reflejan que desde la entrada en vigor de la Ley Olimpia solo se han emitido ocho sentencias condenatorias en todo el país, lo que mantiene en la impunidad la mayoría de las querellas presentadas por este tipo de agresiones.
Fuente: Fiscalía Yucatan | Expediente Judicial FGE Yucatán | © Redacción NoticiasPV