La Organización Campesina de la Sierra del Sur acusó que la violencia en Chilapa busca despoblar las zonas indígenas para permitir la entrada de empresas transnacionales; reportan más de mil 200 desplazados.
La crisis de seguridad y los conflictos territoriales en el sur del país esconden un trasfondo de explotación de recursos naturales apadrinado por la delincuencia organizada y esferas de poder. La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) emitió un pronunciamiento público en el que responsabilizó directamente al grupo criminal «Los Ardillos» de la reciente ola de ataques armados en el municipio de Chilapa, Guerrero, asegurando que estas agresiones forman parte de una estrategia de despojo coordinada para beneficiar a corporaciones mineras interesadas en extraer yacimientos de alta plusvalía.
De acuerdo con el manifiesto de la organización civil, las células delictivas dirigen sus ofensivas armadas —utilizando tecnología avanzada como drones con explosivos— en contra de los pobladores de la montaña baja, afectando directamente a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PF) y del Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). La OCSS denunció de manera enérgica que este grupo criminal no opera de forma aislada, sino que mantiene vínculos estrechos con empresarios y actores políticos de diversas filiaciones partidistas, quienes facilitan el control territorial, la expulsión y el aniquilamiento de los liderazgos indígenas para liberar el suelo a la minería de «minerales críticos», insumos codiciados internacionalmente para la industria tecnológica y militar.
Las incursiones de los comandos armados han provocado una tragedia humanitaria, registrándose el desplazamiento forzado de más de mil 200 familias que tuvieron que abandonar sus hogares y patrimonios para salvar sus vidas. Por su parte, la dirigencia del CIPOG-EZ expuso que desde el año 2015 a la fecha acumulan un saldo de 81 asesinatos y 25 desapariciones de activistas locales, por lo que exigieron de manera urgente al Gobierno Federal restituir las medidas de protección para sus líderes comunitarios, señalando que la narrativa oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que reduce el problema a una simple disputa entre las bandas de «Los Ardillos» y «Los Tlacos», invisibiliza el verdadero plan de despoblación forzada que busca entregar los bosques, el agua, el oro y la plata de la región a inversionistas extranjeros.
Fuente: Concejo Indígena Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) | © Redacción NoticiasPV Nayarit