El exmandatario poblano, preso por tortura contra la periodista Lydia Cacho, exige acelerar sus amparos para recuperar el beneficio de prisión domiciliaria y abandonar el penal de máxima seguridad.
A casi un año de haber sido reingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, ha puesto en marcha una estrategia legal para abandonar su celda. A través de su defensa, el político ha urgido a magistrados federales de Quintana Roo a dictar sentencia en cuatro amparos clave, con el objetivo de cambiar su medida cautelar y regresar a su casa bajo prisión domiciliaria.
Un historial de amenazas tras las rejas Pese a la insistencia de Marín, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado han justificado la demora debido a la complejidad del caso y a informes alarmantes sobre la conducta del exgobernador en otros centros penitenciarios. Documentos de la Dirección General de Ejecución de Penas revelan que, durante su estancia en la cárcel de Cancún, Marín intentó desestabilizar el penal alardeando de sus nexos políticos y recursos económicos.
Testimonios de custodios señalan que el exmandatario era llamado “El Patrón” por otros internos y llegó a amenazar con organizar motines. «Si yo quisiera, en estos momentos les digo que armen un desorden que no van a poder controlar», habría sentenciado Marín en una ocasión, razón por la cual fue trasladado a un penal de mayor control en el Estado de México.
El caso Lydia Cacho: 20 años de impunidad parcial Mario Marín fue detenido en 2021 por su presunta responsabilidad intelectual en la tortura de la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho, ocurrida en 2005. La detención de Cacho fue una represalia tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, donde destapó una red de prostitución infantil que involucraba a empresarios y políticos cercanos al entonces gobernador.
En abril de 2025, un Tribunal de Apelación revocó el beneficio de prisión domiciliaria que Marín había obtenido brevemente, argumentando que existe un alto riesgo de fuga y peligro real para la víctima. Mientras la defensa presiona por una resolución rápida, el Poder Judicial sostiene que la gravedad de los delitos de tortura exige un análisis exhaustivo antes de permitir que «el gobernador precioso» vuelva a la comodidad de su hogar.
Fuente: Proceso / Archivo Judicial | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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