Plataformas internacionales operan en un vacío legal que permite monetizar catástrofes y decisiones políticas; especialistas advierten falta de control financiero en México.
El auge de los denominados «mercados de predicción» ha comenzado a encender las alarmas globales debido a los miles de millones de dólares que se mueven bajo un esquema que permite apostar dinero real sobre eventos que van desde torneos deportivos hasta sucesos de extrema sensibilidad geopolítica, tales como incursiones bélicas, la muerte de figuras públicas, procesos electorales o el presunto secuestro de mandatarios. Firmas internacionales como Kalshi y Polymarket encabezan un modelo de negocio transnacional que opera mediante «contratos de eventos», instrumentos financieros de carácter binario estructurados de manera similar a los swaps financieros tradicionales.
La magnitud de este ecosistema financiero informal quedó en evidencia con el desarrollo de la actual Copa Mundial de la FIFA, donde tan solo en la plataforma Kalshi las transacciones relacionadas con el certamen superaron los 12 mil millones de dólares al corte del 14 de julio, rebasando los ingresos proyectados por la propia federación de fútbol para este año. No obstante, el debate ético y legal se ha trasladado hacia las apuestas que lucran con tragedias humanas. Recientemente se documentaron ganancias de cientos de miles de dólares obtenidas por usuarios que «atinaron» a fechas de ataques de Estados Unidos contra Irán, o contratos vigentes donde se especula sobre la posible extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, antes de que concluya el presente mes de julio.
En el caso de México, estas plataformas se encuentran operando bajo una severa laguna jurídica. Especialistas en prevención de lavado de dinero, como la consultora Dharanee Vázquez, advierten que los mercados de predicción se ubican en una zona gris que escapa de las facultades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) bajo la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y tampoco son reconocidos formalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta falta de encuadre legal exime a las firmas internacionales de reportar transacciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejando la responsabilidad de fiscalizar los flujos de capital únicamente en los bancos comerciales y los operadores de activos virtuales intermediarios.
Fuente: Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero | ©️ Redacción NoticiasPV Nayarit
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