El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Félix Arturo Medina, sostuvo que el país mantiene apertura internacional pero desestimó la aplicación del artículo 34, reportando la localización de más de 16 mil personas en lo que va del año.
El gobierno de México rechazó de manera formal la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención, el cual contempla la posibilidad de que el organismo internacional intervenga en el país ante indicios de prácticas generalizadas o sistemáticas y eleve el asunto ante la Asamblea General. Durante su intervención ante el órgano internacional, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que aunque la nación mantiene una política firme de diálogo y cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, no se acepta dicha lectura del marco convencional, reconociendo al mismo tiempo los desafíos pendientes que enfrenta el Estado mexicano en la materia.
En este contexto, el funcionario federal informó que durante el presente año se ha logrado la localización de más de 16 mil personas reportadas como desaparecidas, precisando que la gran mayoría de ellas han sido encontradas con vida gracias a la estrategia implementada. Asimismo, Medina Padilla reconoció un cambio estructural en la incidencia delictiva al señalar que, a diferencia del pasado cuando las desapariciones se ordenaban desde las altas esferas del poder político, en la actualidad estos ilícitos son cometidos principalmente por grupos de la delincuencia organizada y, en algunos casos lamentables, por autoridades del ámbito municipal.
Ante el pleno del Comité, el representante de la Segob subrayó que la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata opera de manera permanente las 24 horas de los 7 días de la semana, contando con la participación coordinada de corporaciones de seguridad ciudadana, la Fiscalía General de la República, la propia Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional, reiterando que el compromiso institucional es encontrar a los desaparecidos, combatir la impunidad y garantizar los derechos de los familiares afectados.
Por su parte, el director del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció que el Estado mexicano ha mantenido apertura de información pública con el órgano de la ONU desde 2012, pero advirtió que hasta la fecha persiste la problemática de las desapariciones forzadas en el país debido a graves deficiencias estructurales que continúan afectando a la sociedad.
Fuente: Segob / Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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