Las grandes compañías que han estado durante años también han contribuido a la contaminación y falta de agua en el país.
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La sequía extrema actual que sufre México ha puesto de manifiesto la falta de políticas públicas efectivas y la gravedad de la crisis del agua en el país que tendrá fuertes repercusiones económicas en los próximos años.
La necesidad de implementar políticas públicas para planear, financiar y desarrollar proyectos de infraestructuras será el tema central de un foro virtual sobre el agua organizado por la agencia EFE que se celebrará el próximo miércoles.
Expertos debatirán la urgencia de adoptar una serie de propuestas justamente cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acaba de declarar el estado de emergencia en México por las condiciones de sequía extrema y severa que sufre el país.
Además de la extrema sequía, según la asociación Agua Capital, el 26 por ciento de habitantes de Ciudad de México no disponen de la cantidad de agua suficiente en sus hogares, el 15 por ciento no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes se abastece a través de pipas.
Mientras en el norte y algunas partes del centro del país sufren una grave sequía, en el sur hay abundante agua por las lluvias pero no disponen de la infraestructura apropiada ni sistemas de distribución del agua a las viviendas.
El sector agrícola concentra más del 75 por ciento del consumo del agua y la crisis del agua, la cual tendrá un fuerte impacto a medio plazo en la generación de electricidad, la minería y otras industrias.
La Conagua prevé un aumento del denominado estrés hídrico en 31 de los 32 estados del país, incluyendo la Ciudad de México, durante los próximos 10 años.
Habrá agua a ‘cuentagotas’
Dentro de las medidas que contempla la declaración de emergencia de Conagua se incluye limitar de forma temporal los derechos de agua existentes y reducir de forma provisional los volúmenes permitidos a los usuarios de las cuencas en condición de sequía.
Los estados más vulnerables a la actual sequía extrema son: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán y el Valle de México y se enfrentan a la posibilidad de que se establezcan restricciones en el uso.
La declaración de emergencia de Conagua se publicó unos días después de difundirse el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en el que la Organización de las Naciones Unidas alerta sobre los daños irreversibles provocados por el calentamiento global.
Según Conagua, México “está expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos, tales como sequías, fenómenos impredecibles que pueden presentarse en cualquier zona del territorio y cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de agua almacenados en las presas”.
Los principales efectos de la sequía extrema se reflejan en la menor infiltración y recarga de los acuíferos; la afectación a la regulación del clima; la disminución de humedad y mayor erosión de los suelos; la desertificación, olas de calor, y afectaciones a los ecosistemas.
Poca infraestructura para llevar agua a las ciudades
Si a esto le suma la falta de infraestructura, de mantenimiento y obsolescencia o las fugas, por mencionar algunos de los problemas principales, los expertos consideran que las políticas públicas implementadas desde hace años no han dado los resultados esperados y acentúan la envergadura de la actual crisis del agua.
Los expertos que intervendrán en el Foro del Agua analizarán la urgencia en la toma de decisiones preventivas y el diseño de políticas frente a escenarios de escasez e incertidumbre climática.
Igualmente, se analizará la asignación de recursos adecuados en el presupuesto de egresos para 2022, y se profundizará sobre una cultura de resiliencia y prevención de riesgos que permita afrontar los retos de la crisis del agua.
Los problemas de infraestructura se han agravado en los últimos años por los recortes en el gasto de inversión, ya que la financiación federal a través de la Conagua destinada a infraestructura, alcantarillado y drenaje descendió un 60 por ciento entre 2016 y 2019.